Cárceles: bomba de tiempo

Miguel André Garrido A.

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El recién creado Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709 de 2014), que con tanta pompa se anunció hace poco más de una semana; pareciera, más que una norma para solucionar los interminables líos en las cárceles, un saludo a la bandera.

“Esto del Inpec es inexplicable", dijo el pasado miércoles el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, al lamentar lo sucedido en la cárcel Modelo de Barranquilla donde la noche del lunes, 21 de enero, una decena de internos perdieron la vida y casi medio centenar resultó con graves quemaduras en su cuerpo debido a una conflagración que se presentó en el patio siete de ese penal. Hoy aún hay 7 internos en estado crítico, y otros ni siquiera han sido identificados.

"Es una vergüenza" para el Ministerio y para el Inpec, remató Gómez Méndez, visiblemente afectado. Y no es para menos si se tienen presentes los rostros de dolor de los familiares de los reclusos quienes desesperados aguardaban a las afueras de la cárcel por una razón de sus familiares.

Dejá vú

“El hacinamiento carcelario en Colombia supera el 58%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país”, dijo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y agregó para desesperanza de muchos que en algunas cárceles esa problemática llega al 400%.

Otálora ha sido quien desde su llegada a la Defensoría ha insistido en la necesidad de declarar la emergencia carcelaria, llamado que reiteró esta semana tras manifestar que en, por lo menos, 36 centros de reclusión del país existe una 'difícil situación' de hacinamiento y recordó lo que sucede en la cárcel de Riohacha con una sobrepoblación de 346%, lo mismo que en la Nueva Esperanza de San Andrés, en el archipiélago, donde este drama llega al 55%. Allí la capacidad es de 139 internos, pero alberga 216.

El crecimiento de la población carcelaria es exponencial. Según cifras de la Defensoría, en 2001 el nivel de hacinamiento en el país estaba calculado en 15,8 por ciento y trece años más tarde se ubica en 58,27. “La situación de hacinamiento carcelario está directamente relacionada con el fenómeno de reincidencia criminal”, señala un estudio del Inpec conocido por COLPRENSA.

Mauro Hincapié, director de la penitenciaría de Titiribí (Antioquia) explica ese fenómeno en la estigmatización que recae sobre muchos exconvictos. “Aunque muchos de los internos salen con la firme intención de reincorporarse a la sociedad, a la hora de buscar empleo se los niegan por sus antecedentes y la única salida que tienen esas personas es volver a delinquir. Ante esto los jueces los ven como proclives al delito y, claro, les niegan beneficios. Yo creo que estas personas no son esencialmente malas. Ahí lo que hay es una corresponsabilidad de la sociedad. Aunque no se puede desconocer que hay algunos profesionales del delito”.

Mes a mes la población reincidente crece, en promedio en 148 personas (0,9%). En diciembre pasado la población a cargo del Inpec en sus diferentes modalidades de penalización presentó las siguientes cifras de reincidencia: intramuros 94% (15.896), es decir quienes delinquen dentro de la cárcel; domiciliaria 5,4% (915) y vigilancia electrónica 0,5% (92).

Por ciudades

En la actualidad la capital del país, Medellín y Cómbita (Boyacá) son las ciudades que reportan los centros penitenciarios que mayor cantidad de internos intramurales. El Complejo Metropolitano de Bogotá, encabeza la lista de los diez ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional) con más internos intramurales con 8.102, seguida del Establecimiento penitenciario y Carcelario de Medellín con 6.894 y cierra Combita con 2.862 personas.

Pero si de sobrepoblación se trata los tres primeros lugares los ocupan el Establecimiento de Cali con 4.700 personas superando su capacidad real (1.667 cupos), le sigue Medellín con 4.470 personas adicionales a su capacidad, y cierra el grupo Montería con 1.171 internos más de los que su capacidad le permite.

Para este tercer grupo, el establecimiento de mayor lo encabeza Riohacha con el 346%, siendo su capacidad real de 100 cupos y su población intramural de 446 personas. En la lista sigue, en orden descendente, el establecimiento de mediana seguridad de Valledupar con el 337.1% y Bucaramanga aparece con el 185% de hacinamiento.

En cifras

Según el Inpec durante el segundo semestre de 2012, el incremento mensual de internos más notorio se registró en julio (1,2%). Para el mismo periodo de 2013 el promedio mensual de ingreso a las cárceles fue de 362 personas (0,3% promedio). Al comparar diciembre del año pasado con el mismo mes de 2012 se observa que la población carcelaria se incrementó en 6.148 internos (5,4%), y a diciembre de 2013 el hacinamiento estaba calculado en 120.032 personas, según el Inpec y para el cierre de enero era, según la Defensoría, del 120.387.

Estos números son los que llevan a reiteradas preguntas acerca de qué está sucediendo con la política criminal del país y ante las cuales analistas citan las leyes 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), Ley 1453 de 2011 (Seguridad Ciudadana) o Ley 890 de 2005 para tratar de determinar lo que sucede. Tras la entrada en vigencia de estas normas ha dicho el defensor: “la situación ha llegado a niveles críticos que podrían poner en riesgo tanto el bienestar de la población carcelaria como el de la sociedad en su conjunto”. Todo parece indicar que el remedio ha salido más caro que la enfermedad.

Según la Defensoría del Pueblo para el 2004 el nivel de hacinamiento en los penales del país estaba en 68.020 internos (36,80%). En 2005 (año de la Ley 906) se presentó un ligero descenso a 66.829 (34,1%) y un año más tarde (2006) el panorama era más alentador con 60.021 internos (14,5%), pero el optimismo no duró mucho, pues al año inmediatamente siguiente los números se ubicaban en 63.603 (27,8%).

En 2011 las cuentas se enredaron. Para entonces se registraban 100.451 internos hacinados (32,80%) y los vectores en los gráficos de las distintas entidades continuaron subiendo. En 2012 se llegó a la preocupante cifra de 113.884 (50,40%) y apenas hace un año, cuando se debatía por enésima oportunidad qué hacer con esta ‘papa caliente’ las cárceles estaban atiborradas en 120.141 (57,94%). Hoy, los datos se acercan al 60% (58,27%), según la Defensoría este mes se cierra con 120.387 internos hacinados.

“Lo ocurrido en Barranquilla es una muestra de la más grave crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario colombiano”, dijo Otálora y añadió que la emergencia carcelaria decretada en 2013, lo mismo que la Ley que reformó el Código Penitenciario y Carcelario “no han ofrecido soluciones definitivas”.

Según varios directores de cárceles del país quienes esta semana, y por tres días, se dieron cita en la capital de la República para participar en el ‘V encuentro de directores regionales y de Eron’ los datos que se tiene en la actualidad permiten afirmar que por cada persona que recupera la libertad, cuatro la pierden.

“A diciembre de 2013 la población a cargo del INPEC ascendió a 120.032 internos, con una sobrepoblación de 43.966 personas, equivalente a un índice de hacinamiento del 57,8%”, dice el informe de esa entidad.

2013 puntualmente…

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario el número de sindicados a julio de 2013, comparados con diciembre del mismo año creció el 2,8%. Este ha sido uno de los argumentos en los que muchos cifran el problema del hacinamiento, pues se considera que en las penitenciarias solo deberían estar las personas ya condenadas.

A diciembre el 92,5% de la población carcelaria del país estaba constituida por hombres y el promedio restante eran mujeres. De éstos, el 30,9% eran sindicados y el 69,1% condenados. Así las cosas, salta a la vista como por cada dos condenados hay una persona sindicada.

En cuanto a los rangos de edad de la población carcelaria, para el segundo semestre de 2013 el rango de edad que predominó en la población carcelaria era el de 30 a 54 años (62.164 internos), seguido de quienes tienen entre 18 y 29 años (50.539 personas en promedio).

Frente a las tareas y ocupaciones de los internos, el año pasado cerró con 38.108 (46,9%) que realizaba trabajos en las áreas industrial, artesanal, agropecuaria y de servicios administrativos; esto, al interior de los establecimientos. 41.649 (51,2%) asistían a programas educativos en sus distintas particularidades.

En cuanto a la detención domiciliaria en el segundo semestre del 2013 se observó un incremento mensual de 710, que promedia los 118 internos. Esta misma situación se detectó para la modalidad de prisión, con 577 internos demás y el año pasado cerró definitivamente con 27.275 personas detenidas en sus domicilios.

Con vigilancia electrónica el Inpec reporta haber cumplido con la entrega de los elementos para el control y vigilancia electrónica. A diciembre pasado se contaba con 4.061 internos en control y vigilancia electrónica, de los cuales el 44,7% (1.816) tenían instalado el sistema RF y 55,3% (2.245) el GPS.