COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
Once meses después de su captura en Colombia y su inmediata extradición a los Estados Unidos, volvió al país, en calidad de deportado, Phanor Arizabaleta.
La llegada de este hombre a territorio Nacional se produjo este lunes en la noche y una vez se bajó del avión fue capturado por las autoridades Nacionales en el aeropuerto Eldorado de Bogotá.
Hoy los cuestionamientos en este caso giran en torno a la corta pena que pagó en Estados Unidos este hombre por el delito de narcotráfico, tras su envío allí en mayo de 2010.
En Colombia Arizabaleta deberá pagar una condena de 20 años por secuestro extorsivo. Según se mencionó, tras su detención el lunes pasado, Arizabaleta sufrió una dolencia cardiaca por lo que fue llevado bajo estrictas medidas de seguridad a la clínica Shaio en Bogotá.
Se estima que en las próximas horas el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, entregue más detalles de la aprehensión.
Phanor Arizabaleta es considerado el último capo del cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes en la actualidad se encuentran recluidos en penitenciarias de los Estados Unidos.
El juez primero penal del circuito especializado de Bogotá anunció que de no poder contar con el testimonio de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, al igual que el de los contadores de las empresas involucradas en el supuesto testaferrato que envuelve a Drogas La Rebaja: Guillermo Palomino y Daniel Serrano, el juicio oral por el delito de lavado de activos haría llegará a los alegatos finales.
El administrador de justicia dio el ultimátum para que el 4 de mayo próximo se realice la videoconferencia con los testigos de la defensa desde los Estados Unidos, la cual fue solicitada desde hace tres años cuando inició el proceso contra de 24 personas entre quienes están Amparo, Soraya y Claudia Rodríguez, las dos primeras hermana y sobrina de los Rodríguez Orejuela, y la tercera, hija de Gilberto.
Por su parte, Ulises Durán, abogado de dos de los gerentes de Drogas La Rebaja involucrada en el hecho señaló que de llegar a finalizar el juicio por falta de las pruebas testimoniales sería una violación al debido proceso y a la defensa.
“A pesar de haber solicitado pruebas hace tres años, que son necesarias para el proceso y para la defensa, como son las declaraciones bajo el juramento de los señores Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Guillermo Palomino (protegido por los Estado Unidos) y Daniel Serrano, estas no se han podido practicar pese a la diligencia del juez en hacer las cartas rogatorias y de los tramites ante las autoridades norteamericanas”, señaló el jurista.
Los presuntos testaferros habrían ocultado 140 bienes avaluados en 30 billones de pesos los cuales pertenecerían a los hermanos Rodríguez Orejuela.
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