Avanza agenda con las Farc

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El programa de sustitución de cultivos que tiene como meta erradicar 50 mil hectáreas en 40 municipios del país comenzó. La presentación la hicieron el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Agencia de Sustitución Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, y Pastor Alape en representación de las Farc.

Afirmaron que con el programa se empieza la implementación del Punto 4 del acuerdo de paz, que tiene como base la participación con las comunidades, pero advirtieron que no atenderá los casos de siembra que se hayan hecho después del 10 de julio del 2016, dado a que en ese momento se inició la prueba piloto en Briceño (Antioquia).

Para garantizar la participación de las comunidades, se creó un consejo de dirección permanente en el que tendrán asiento el Gobierno Nacional, las Farc y las comunidades.

El costo de inversión por familia, explicó Díaz, está alrededor de los $36 millones sin contemplar las inversiones que tienen que ver con el desarrollo territorial.

El programa en general tendrá un costo para este año de $1 billón. Todos los recursos, afirmaron, provienen del Gobierno Nacional.

Sobre seguridad, Pardo explicó que está garantizada. “Lo focalizamos en 40 municipios, pues se busca que la Fuerza Pública provea apoyo a campesinos, personas de las Farc y del Gobierno que van a estar directamente involucrados en el proceso de sustitución”.

Hoy, representantes del Gobierno viajarán a Catatumbo, a la zona Caño Indio para ver si condiguen un nuevo acuerdo de sustitución como ya se logró en Montañitas (Caquetá), y como ya se aplica en Vichada.

ONU nombra representante

Se conoció también el nombramiento hecho por la ONU del jurista peruano Diego García-Sayán para integrar el Mecanismo de Selección de magistrados y otros altos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

García-Sayán cumplirá esas funciones representando a Naciones Unidas, como "experto externo y total independencia", informó un comunicado el secretario general de la ONU, António Guterres.

La nota recuerda que García-Sayán presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país.

Entre las funciones que ha tenido el jurista peruano en la ONU se incluye la de jefe del componente de derechos humanos en la Misión de Observadores de la ONU en El Salvador.

La ONU fue invitada por el Gobierno y las Farc para que designe un representante que integre el mencionado mecanismo de selección de jueces.

Ayudas para la sustitución

Informaron que gestionarán y trabajarán en los compromisos que permitan, para el primer año, las siguientes ayudas:

* Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

* Un millón 800 mil mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

* 9 millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

A lo anterior, se suman las ayudas para el segundo año: "el Gobierno Nacional invertirá por familia hasta 10 millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial".

Además se contará con asistencia técnica por familia lo que representa -por cada una- un costo aproximado de $3 millones 200 mil y serán cerca de 660 técnicos y profesionales agropecuarios que apoyarán esta labor en las comunidades.

Gobierno modifica tiempos de la Corte

El Gobierno Nacional expidió por decreto la modificación del reglamento de la Corte Constitucional reduciendo los tiempos para revisar lo que se apruebe por vía rápida sobre temas de paz.

En el decreto 121 de 2017 del Ministerio de Justicia, se señala que los magistrados que tengan a su cargo la revisión de una ley como la Ley de Amnistía o la que se aprobará sobre la Justicia Especial de Paz, tienen tres días para pedir pruebas e intervenciones ciudadanas.

Luego, tiene dos días para revisar el material probatorio y dar las comunicaciones. Entre tanto, el Procurador tiene 10 días para emitir su concepto y desde allí, los magistrados ponentes tienen 10 días para proyectar sus fallos y la Sala Plena tiene 20 para decidir.

Esto aplica para leyes ordinarias y estatuarias y reformas a la Constitución. Para el caso de decreto, hay un plazo máximo de dos meses para el procedimiento.

Fuentes consultadas en la Corte cuestionaron los plazos. A esto se suma, que en el proceso que está ya en marcha, el de la Ley de Amnistía, el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, consideró en el auto de pruebas que tres días era un espacio corto.