COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Una intensa discusión se dará esta semana en el Congreso de la República alrededor de las seis objeciones que hizo el presidente, Iván Duque, a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pese a que las comisiones accidentales de Senado y Cámara se reunirán hoy para discutir el tema, la balanza se inclinará el jueves cuando la bancada del Partido Cambio Radical decida cuál será su posición.
Por ahora, lo único cierto es que el Legislativo deberá definir si considera procedentes o no las objeciones de Duque antes del 20 de junio, cuando se termina la primera legislatura del 2019. A partir de esa fecha la Corte Constitucional será la que tome la última decisión, luego de hacer el control que le corresponde.
El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, sostuvo que se dará toda la discusión que sea necesaria. En cambio, el presidente del Senado, Ernesto Macías, declaró que las objeciones, al menos en esa Corporación, se pondrán en discusión en la misma sesión en la que sean votadas.
La discusión en plenaria iniciará después de que las comisiones especiales entreguen su informe a cada plenaria. El secretario del Senado, Gregorio Eljach, precisó que dichos informes, que equivalen a la ponencia de una ley, deberán contener las tendencias o posiciones de los congresistas. Como se prevé que en ninguno de los dos casos haya una posición unificada, a las plenarias se presentarán las opiniones a favor y en contra de las objeciones.
Cada corporación deberá aprobar o negar las reclamaciones con votación calificada porque el texto es una ley estatutaria que obliga a tener la mitad más uno de los votos. 54 en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes.
Los partidos de Gobierno Centro Democrático y Conservador apoyarán por unanimidad las objeciones, mientras que los liberales y la U están en contra de las mismas. Los opositores también votarían para que estas no sean acogidas.
El jueves la bancada de Cambio Radical escuchará antes de tomar su decisión los argumentos del fiscal General de Nación, Néstor Humberto Martínez; la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz; la presidenta de la JEP, Patricia Linares; el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; y a las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero.
La semana pasada la bancada se reunió en Valledupar, con Germán Vargas Lleras a la cabeza. Se esperaba que allí se definiera una posición que inclinaría la balanza en la discusión de las objeciones, pero no se llegó a un acuerdo.
Sin embargo, las cuentas en este momento, sin conocer la posición definitiva de Cambio Radical, inclinarían la balanza en contra de las objeciones en ambas corporaciones. En el Senado se prevé que 45 congresistas voten por acogerlas y 51 por negarlas. En la Cámara también se negarían con 82 votos contra 80.
Si Cambio Radical opta por no apoyar las objeciones de Duque la balanza se inclinaría definitivamente en contra del presidente.
Impedidos
Sin embargo, cuando la ley se tramitó congresistas tuvieron que declararse impedidos, lo que hace prever que también deberán hacerlo para las objeciones. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el principal defensor de las objeciones no podrá votar. Igual le sucederá a tres senadores más de su bancada, María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Honorio Enríquez.
Tampoco estarán para la votación los senadores y representantes del hoy partido Farc, porque están impedidos debido a que las normas que se tramitaron los benefician directamente.
La postura del vargasllerismo obligará entonces a que las objeciones se empiecen a discutir en abril, si así lo determinan las mesas directivas, pero eso dependerá que las comisiones especiales tengan el informe respectivo para cada plenaria, que no estarían antes de finalizar la primera semana del próximo mes.
Para ese momento la atención legislativa estará en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual logró superar su primer debate en medio del esfuerzo del Gobierno por lograr la votación mínima para que fuera aprobado el texto.
Frente a ese panorama las objeciones se abordarían después de Semana Santa, prácticamente en la última semana de abril.
Las dificultades que enfrenten las objeciones en el Congreso podrían afectar también la discusión sobre las reformas constitucionales que propuso el presidente Duque para cambiar, entre otras cosas, el hecho de que la JEP asuma las investigaciones por casos de abuso sexual relacionados con el conflicto.
Dichas reformas tienen un trámite mucho más complejo. Deben ser aprobados en 8 debates, de los cuales los cuatro primeros deberían darse antes del 20 de junio, si es que se radican en esta legislatura, y los otros cuatro después del 20 de julio.
De modo que el debate sobre la JEP pinta para largo, más que por las objeciones, por las reformas que vendrán después.
En el limbo
La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal que debe juzgar los crímenes de guerra durante el conflicto interno en Colombia, tras el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc en 2016, pero su puesta en marcha se ha retrasado por la reciente decisión del presidente, Iván Duque, de vetar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, porque considera que los objetados no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición amparados en el acuerdo de paz.
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