COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Hoy comienza el trámite de la ley estatutaria que permitiría que el eventual referendo constitucional que resulte de la discusión entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, en Cuba, sea convocado el mismo día de las elecciones de Congreso o Presidente.
El proyecto, que fue presentado el pasado 22 de agosto con mensaje de urgencia por el Gobierno Nacional cumplirá mañana el requisito de la audiencia pública en el recinto de sesiones del Senado.
En la audiencia pública puede participar cualquier ciudadano que lo haya solicitado previamente.
La Comisión Segunda de la Cámara tiene previsto ese mismo día la discusión del proyecto de ley que regula el trámite para la aprobación de los ascensos militares y de Policía.
El proyecto busca que la Comisión Segunda de la Cámara pueda aplazar un ascenso militar cuando haya dudas sobre la conducta de los militares que se disponen a ascender y también contempla la creación de la degradación militar en la legislación colombiana.
Debates
A su turno, la Comisión Cuarta de la Cámara prepara un debate de control político sobre la crisis agropecuaria que vive el país. Al recinto deberán asistir los ministros, de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Agricultura: Francisco Estupiñán, y el presidente del Banco Agrario, Francisco Solano; el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz y el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino.
La comisión Sexta tiene planeado otro debate de este tipo sobre los resultados en la mitigación de la ola invernal. Al recinto están citados los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez; del Fondo de Adaptación Carmen Arévalo y del Ideam, Ómar Franco.
La plenaria tiene preparada la discusión del proyecto de ley que busca crear una Cédula Militar para los soldados, miembros del nivel Ejecutivo y agentes de la Policía Nacional.
El miércoles, la Comisión Primera de la Cámara se dispone a discutir el proyecto que agrega un numeral nuevo a la Ley 906 del 2004. El proyecto busca que los tribunales superiores del distrito sean los que estudien los delitos de los alcaldes distritales y municipales por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones.
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