"ANLA no cumple con el seguimiento de las licencias ambientales": Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) reveló que la  ANLA (Agencia Nacional de Licencias Amientales) no hace seguimiento a las licencias que ha otorgado a grandes obras de infraestructura en el país como la Ruta del Sol, la ampliación de la segunda pista del aeropuerto ElDorado y la PTAR Salitre de Bogotá, entre otras.

Así lo dejan ver los resultados de una auditoría a la ANLA practicada por la CGR.

Para el ente de control, el caso más grave se evidencia con la licencia ambiental otorgada por la ANLA al consorcio que está construyendo la Ruta del Sol II y del cual hizo parte la firma Odebrecht.

En este caso se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, y no se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por la entidad por los numerosos incumplimientos a la licencia ambiental, ni multas por el daño generado por el consorcio.

“Por tanto, 442 incumplimientos solo en el año 2016, resultan inadmisibles en un proyecto licenciado que lleva más de seis años trabajando bajo una licencia ambiental”, indicó el informe.

Pese a que la ANLA identifica incumplimientos a lo establecido en la licencia ambiental otorgada para la Ruta del Sol II, la autoridad no ha realizado la gestión para sancionar dichas situaciones, “ya sea porque no sanciona o, si sanciona, la sanción resulta muy débil, o la impone muy tarde en el tiempo, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada la licencia, con el consecuente deterioro ambiental”, explicó el informe.

Otro de los casos que llamó la atención de la Contraloría fue la ampliación de la segunda pista del aeropuerto ElDorado, en donde se evidenció que la Aerocivil Y Opain -operador del terminal aéreo- ha incumplido en forma reiterativa la licencia ambiental otorgada en 1995, afectando al medio ambiente y, sin embargo, no ha recibido de parte de entidad las sanciones respectivas, y de haberlas recibido, las multas que le ha impuesto han resultado de baja cuantía y por tanto resulta más barato incumplir la licencia ambiental, en detrimento del medio ambiente, que cumplirla.

En Bogotá, otro caso importante es el de la construcción de la PTAR Salitre (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) en donde la Empresa de Acueducto de Bogotá no ha presentado los informes de medición de olores ofensivos, con los que se debe demostrar que las actividades realizadas en esta planta no superan los niveles máximos permisibles de inmisión de los gases que producen estos olores, entre los que se encuentra el ácido sulfhídrico, gas toxico y letal, en determinadas concentraciones.

A pesar de que ANLA le ha hecho cinco requerimientos semestrales a la empresa distrital, al igual que en los casos anteriores, la entidad no ha sancionado ni ha impuesto multas por este incumplimiento, a pesar de que las comunidades cercanas al proyecto se quejan constantemente por los olores que allí se producen.

Finalmente, la CGR también estableció que la ANLA viene participando en el desarrollo del proyecto 'Plan de Restauración y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique'. El proyecto cuenta con 17 programas y 55 proyectos de manejo ambiental, sin que se adelante un proceso de licenciamiento previo que establezca su intervención como autoridad ambiental en el tema de licenciamiento, lo que puede representar riesgos en su ejecución y en el control de los impactos ambientales.  

Ante estos hechos, y teniendo en cuenta que, según las cifras reportadas a diciembre de 2016, la ANLA tenía a su cargo realizar el seguimiento a 133 planes de manejo ambiental y 1.182 licencias ambientales de las cuales 467 se refieren a proyectos de hidrocarburos, 201 de infraestructura, 39 de generación de energía, 17 de minería, 23 de otros sectores y 435 de plaguicidas, las debilidades evidenciadas por la Contraloría representan un claro riesgo de deterioro ambiental por el incumplimiento reiterado de las medidas de manejo por parte de los ejecutores de los proyectos, obras o actividades, así como a la poca efectividad de los procesos de seguimiento que realiza la autoridad a las licencias ambientales otorgadas en el país.