EFE | LA PATRIA | Bogotá
Unos 3.400 de los más de 4.000 desplazados que huyeron de la violencia y las amenazas en las zonas rurales de Antioquia, regresaron a sus casas entre el domingo y este lunes, confirmaron fuentes oficiales.
La Unidad para las Víctimas detalló que en chivas han regresado a sus hogares "entre el domingo 1 y el lunes 2 de agosto alrededor de 3.400 personas correspondientes a 1.456 familias de las diferentes veredas".
En total, hasta la semana pasada, eran 4.041 personas de 1.675 familias que se acomodan como pueden en siete escuelas y colegios de Ituango que, por necesidad, se han transformado en improvisados albergues para recibir a los desplazados que huyen de sus tierras por las amenazas que les hacen las disidencias de las FARC.
Los campesinos también huyen de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC con miembros del Clan del Golfo -la mayor banda criminal del país- que se disputan el control de un territorio en donde hay siembras de coca y minería ilegal que, según el Gobierno colombiano, son el principal combustible de la violencia que azota a esta parte del país.
El territorio ha ganado importancia para los grupos armados ilegales porque permite la conexión de los departamentos de Antioquia, del que hace parte Ituango; Córdoba y Chocó, y también porque permite la salida al Pacífico y al Atlántico.
Atención
Para atender la emergencia, la Unidad de Víctimas entregó 71 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados, que incluían alimentos y elementos de aseo.
Igualmente, detalló ese organismo, que luego de atender a los campesinos, que estaban en ocho albergues, ellos decidieron regresar de manera voluntaria, gradual y progresiva a sus veredas.
"Solo los líderes, lideresas y las comunidades son los que definen las condiciones para regresar a sus viviendas, a sus parcelas. Nuestra responsabilidad es dar las garantías de seguridad y las condiciones que ellos consideren necesarias para que puedan regresar", expresó ayer el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
Agregó que desde la Gobernación se analizan las condiciones que ellos piden para volver, que es principalmente una mayor presencia de la fuerza pública en esos territorios montañosos del noroeste de Colombia.
Por su parte, Isabel Zuleta, que hace parte del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, culpó la semana pasada al Estado colombiano de los desplazamientos y le pidió tomar acciones urgentes para solucionar la problemática que, según dijo, "no es nueva".
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