30 años esperando el Estado social de derecho

GEOVANNY MARTÍNEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Hace 30 años el caldense Humberto de la Calle Lombana, ministro de Gobierno (1990-1993), firmó la nueva carta política. Tres décadas después considera que hay cierto paralelismo con lo que vivió Colombia en esa época.

En su libro Memorias dispersas, un testimonio de su vida pública, narra los antecedentes de la Constitución de 1991, y dice que tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989) al país lo invadió una sensación de "tocamos fondo".

Hoy que se conmemora la promulgación de esa carta magna, el país atraviesa por una situación parecida a la de los inicios de la década de 1990. Aída Avella, una de las cuatro constituyentes, junto con María Teresa Garcés, María Mercedes Carranza y María Helena Herrán, asegura que antes, durante y después de la Asamblea Constituyente ocurrió el genocidio de la Unión Patriótica. "Es una vergüenza para el mundo que se repita otro genocidio contra los líderes sociales, indígenas, negros y jóvenes. Es inconcebible una democracia con masacres. Los 30 años de la Constitución son casi 30 años perdidos, ningún gobierno le ha dado la talla. Ha sido prácticamente ignorada desde su artículo primero, porque Colombia no es un Estado social de derecho, donde la costumbre de matar nos la imponen desde el poder, el artículo 11 es supremamente afirmativo: «El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte». Entonces hay que quitarle la pena de muerte a los líderes sociales", comenta la senadora Avella.

Para Humberto de la Calle, con el magnicidio de Galán hubo una ruptura enorme, pero de alguna manera personalizada, en la medida en que la reacción de la clase dirigente fue agruparse y buscar el consenso. "En ese sentido puede ser más grave la situación ahora, porque lo que veo es mucha dispersión: la élite gobernante totalmente destrozada, el sistema político hace agua, la desconfianza es aún mayor y también hay más indignación en la población", reflexiona De la Calle.

Sobre si se está repitiendo lo que ocurrió en los inicios de la década de 1990, Avella considera que es diferente en cuanto a que para esa época ocurrían magnicidios."En un solo año asesinaron a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, lo que sigue ocurriendo son desapariciones forzadas y el artículo 12 dice: «Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», y eso es lo que ha hecho este Gobierno con nuestros jóvenes, que han sido víctimas de todos los vejámenes posibles", denuncia Avella.

Balance

El balance que hace la senadora de los 30 años es de indignación frente al incumplimiento de los artículos centrales de la Constitución. "Todo lo que representó cargos se hizo, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, eso se implementó inmediatamente, el resto de artículos quedaron consignados en un libro para los estudiosos, es lamentable que la Constitución se haya hecho para guardarla en una biblioteca", agrega Avella.

De la Calle distingue en la Constitución dos cosas: "Los elementos fundamentales de aspiración de un pueblo colombiano, lo que pudiéramos llamar la utopía, no como algo que no se puede cumplir, sino como el sueño, el deseo de los colombianos de llegar a una determinada configuración. Para sintetizar podemos denominar simplemente el Estado social de derecho, eso está en la Constitución, está vigente, es suficientemente vigoroso, con lo cual no quiero decir que no haya cosas para cambiar, hay que reconocer que en el tema de justicia ha habido demasiados tropiezos", contextualiza, quien encabezó el equipo del Gobierno en las negociaciones de paz con las Farc (2012-2016).

Añade, a manera de anécdota, que la primera crítica que se le formuló a la Constitución fue que le quedaba grande a Colombia. "Los que hemos sido padres y ahora abuelos, sabemos que los niños en crecimiento es mejor comprarles la ropa grandecita para no tener que estar cambiando permanentemente y eso es lo que está pasando con la médula, con la esencia de la Constitución que sigue siendo una guía, y muy buena parte de lo que está pasando, esta insatisfacción, es producto de haber dejado sin cumplir en particular el tema de los derechos sociales y económicos que están allí plasmados y que son respuestas para estas situaciones de indignación y frustración", con esa idea coincide Avella, quien asegura que las protestas contra el Gobierno de Iván Duque se pueden desactivar aplicando los artículos de la carta magna.

Otra visión

Otty Patiño Hormaza, constituyente, plantea que todos los gobiernos, después de la Asamblea Constituyente, han tratado de aplicar el modelo neoliberal, empezando por César Gaviria, quien fue quien promulgó la Constitución de1991, y Ernesto Samper, quien impulsó un capitalismo basado en la ilegalidad, con el auge del narcotráfico, ambos fenómenos bajo una Constitución que proclamó el Estado social de derecho. "Esta Constitución de 1991 ha soportado esos cuentos de imponer modelos económicos ajenos a la carta magna. El modelo neoliberal se reventó, Obama proclamó un nuevo programa para defender la salud pública, llamado el Obamacare; Trump impulsó el proteccionismo a la industria de EE.UU., enemigos de la doctrina neoliberal; los gobernantes de acá o no saben o no se dan cuenta de que el modelo neoliberal ha favorecido a unos pocos y empobrecido a la mayoría, es un modelo rechazado por la gran potencia que es EE.UU., ese modelo produjo una explosión social en Colombia y hoy en el fondo lo que reclaman esos muchachos en las calles es la restauración del Estado social de derecho que se instauró en 1991", concluye Patiño Hormaza.

Chile escribe su Constitución

Los 155 constituyentes chilenos comenzarán a sesionar hoy para cumplir con la titánica tarea de escribir una Constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y siente las bases para un nuevo pacto social. La convención debe presentar una propuesta en nueve meses, aunque podrá pedir una prórroga de tres meses, por lo que el texto debería estar listo como máximo en julio del 2022 y someterse luego a plebiscito para entrar en vigor.