A 21 militares los condenan por ejecuciones

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Un juez especializado de Cundinamarca condenó a 21 integrantes de la Brigada 15 del Batallón Santander de Ocaña. Entre los oficiales involucrados están el coronel Gabriel de Jesús Rincón, por su participación en cinco casos de ejecuciones, ocurridas en Soacha.

Tras finalizar el juicio, el despacho declaró culpables a los uniformados de participar en los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. El próximo 23 de marzo del 2017 se conocerá la pena que enfrentarán los militares.

El juez avaló la teoría de la Fiscalía, en las que argumentaba que el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander; el capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa, dos suboficiales y los soldados de dicha brigada presentaron como bajas en combate a los cinco jóvenes, tras ser trasladados desde el municipio de Soacha (Cundinamarca), hasta Ocaña (Norte de Santander), en hechos ocurridos en el 2008.

Cinco víctimas

Según la Fiscalía, las víctimas de las ejecuciones fueron identificadas como: Víctor Fernando Gómez, Diego Tamayo, Julio César Mesa, Andrés Palacios y Jonathan Soto, este último menor de edad.

De acuerdo con el ente investigador, para justificar las ejecuciones los militares falsificaron documentos que soportaban el informe de tales combates, además permitieron que los inhumaran como no identificados, para evitar su reconocimiento.

Durante el juicio rindieron testimonio labriegos que observaron automotores desplazarse con las víctimas por el lugar donde ocurrió el homicidio y que minutos después escucharon los disparos. Según la Fiscalía, se comprobó que no existió combate pues las víctimas no dispararon ningún arma, aunque aparecieron en poder de armamento.

También se demostró que las víctimas no tenían por qué estar lejos de sus viviendas, mientras que a los uniformados no les aparece en los registros de la institución la autorización para desplazarse a ese lugar con fines militares.

La administración de justicia declaró estos hechos ocurridos en enero y agosto del 2008 como delitos de lesa humanidad, es decir, investigaciones que no prescribirán y además, no podrán ser objeto de negociación en el marco de la justicia transicional.

Según un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el número de víctimas en Colombia de estas ejecuciones podría llegar a las 5 mil.