15% aumentó ingreso de menores a sistema de responsabilidad penal

Así lo revelaron este miércoles el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía al indicar que esa cifra reportada entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012 es superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se evidenció un crecimiento del 12,4 por ciento.

“El aumento de los casos es el resultado de muchas variables. Tenemos condiciones familiares y sociales adversas que hacen más vulnerables a nuestros niños y adolescentes frente a las organizaciones que los utilizan para cometer delitos. A eso se suma el gran impacto que ha tenido la llamada ley de seguridad ciudadana sobre el Sistema”, dijo el director del ICBF Diego Molano.

La mayoría de casos se reportó en Bogotá 25 por ciento, seguido de Medellín con el 11,6; Bucaramanga con el 6,8 y Pereira con el 5,2.

“No obstante, si el análisis se amplía al número de adolescentes aprehendidos, muchos de los cuales no ingresan al Sistema, las cifras marcan algunas diferencias geográficas; las capitales con mayor número de adolescentes aprehendidos fueron Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga”, señala el reporte del ICBF.

Lo anterior toda vez que, de acuerdo con la Policía Nacional, los 28.877 adolescentes aprehendidos entre el 30 de septiembre de 2011 y el mismo día de 2012 representan el 11.6 por ciento de las 261.147 capturas realizadas por la Institución en ese período.

De acuerdo con el reporte, el 70.46 por ciento de los casos corresponden a adolescentes entre los 16 y 17 años pero también fueron hallados 228 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años infringiendo la ley. Según la Policía, esto representa una tasa participativa del 0.78 por ciento.

“Los delitos en que más incurren los adolescentes siguen siendo el hurto (37,2% para los hombres, 35,9% para las mujeres), el porte o tráfico de estupefacientes (31,1% y 25% respectivamente) y las lesiones personales (7,6% y 16,3%). Entre tanto, delitos como el homicidio, la violencia sexual, el secuestro y la extorsión, corresponden al 4,7% de todos los cometidos en el último año”, explicó el ICBF.

Esto se puede explicar, de acuerdo con la Policía, por la existencia de una “zona de vulnerabilidad entre el colegio y el hogar”, donde hay poca supervisión por parte de los padres de los jóvenes.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Actualmente, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes contempla seis sanciones diferentes para quienes incurren en delitos como la libertad vigilada que fue la más aplicada el último año con el 28,5 por ciento de los casos.

“La libertad vigilada no se puede extender por más de dos años. Consiste en concederle la libertad al adolescente, con la condición de someterse a la orientación y supervisión de profesionales a través de un programa de atención especializada”, dijo Molano.

Y es que según la normatividad nacional e internacional cuando se habla de responsabilidad penal juvenil, la privación de la libertad solo debe aplicarse en casos excepcionales y por el menor tiempo posible.

Aún así, en el último año, esta fue la tercera medida más impuesta con el 19, 7 por ciento después de la libertad vigilada y la imposición de reglas de conducta.

“Tenemos que analizar la forma en que el Sistema está aplicando las distintas sanciones y su correspondencia con las finalidades y objetivos que lo sustentan. Preguntarnos si además de lograr el restablecimiento de los derechos de los adolescentes que incurren en una conducta punible, lo estamos haciendo de manera responsable, pedagógica, reflexiva y restaurativa”, afirmó Molano.

MEDIDAS

Molano explicó que el ICBF adelanta algunas acciones para proteger a los menores, así como para construir entornos seguros para ellos y evitar que sean utilizados para cometer delitos.

Actualmente, en el programa “Generaciones con Bienestar”, se atienden 200 mil niños y niñas entre los 6 y los 17 años para evitar el reclutamiento ilícito, el embarazo adolescente, el trabajo infantil y el consumo de sustancias psicoactivas.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que en 2013 activará una Estrategia Institucional de Protección a la Infancia y Adolescencia en las 19 ciudades del país Colombia donde se focaliza el 80 por ciento de los delitos contra menores de edad.

Se trata de acciones de prevención , tareas de vigilancia y control en lugares públicos e investigaciones para desarticular a las organizaciones criminales que utilizan a los menores para cometer delitos.