Elizabeth Restrepo Rojas
LA PATRIA
“Nosotros como trabajadores defendemos una gestión pública en manos públicas. No estamos peleando por nuestro beneficio. Trabajamos porque el agua no es una mercancía y quienes sufren las consecuencias de la privatización y las alzas de los precios son los pobladores de menores recursos”, fue la reflexión del peruano Luis Isarra Delgado durante el VI Encuentro Waterlat. Agua, violencia y utopías; evento que se efectuó, entre el 27 y 31 de octubre, en la Universidad de Caldas.
Isarra Delgado, como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable (FENTAP) de su país, hizo parte del panel de invitados que participó del conversatorio 'Prioridades para una política regional del agua igualitaria'.
Junto a él estuvo el mexicano Óscar Rodríguez León, secretario de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP). Él puntualizó: “Nuestra consigna es luchar por el establecimiento del derecho humano al agua y, desde esa perspectiva, privilegiar un modelo público de participación, de saneamiento del agua y la conservación del medio ambiente. Es muy importante la interacción de las entidades públicas con los usuarios y la gestión de éstos por un agua potable”, dijo.
Estos planteamientos sirvieron para que los caldenses volvieran su mirada al recurso hídrico que alimenta al departamento.
Por eso, Enrique Arbeláez Mutis, miembro de la Federación de ONGs ambientalistas de Caldas, afirmó que el cuidado del agua de Manizales y del departamento, debe ser una prioridad.
En la ponencia que tuvo por nombre 'El agua y las preocupaciones regionales y locales' varios expertos hablaron sobre cómo se le está dando manejo al agua en Caldas.
Arbeláez Mutis resaltó que en la ciudad y el departamento es muy difícil proteger un recurso como éste: “La desidia, la corrupción y la falta de moralidad administrativa hacen más traumático defender la naturaleza”, dijo. Sin señalar casos particulares apuntó: “Aquí esto se volvió un negocio”.
“Hemos estudiado mucho los problemas ambientales del departamento y de Colombia y llegamos a la conclusión de que no hay una política clara de defensa del patrimonio, es por ello que muchas cosas se tienen que solucionar en los despachos judiciales”.
Arbeláez hizo hincapié en que, la de ellos, es una gran lucha frente a un Estado que no hace nada. “Falta una política ambiental seria y consecuente con los derechos públicos tanto locales como nacionales”, resaltó.
Tanto él como Ernesto Quintero, del colectivo Subámonos al Bus del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, se cuestionan sobre la privatización del recurso.
“El agua cada vez se ha venido privatizando más, hay un interés para apropiarse del patrimonio natural y, en ese sentido, alguien se adueña de un lugar y desplaza todo lo que no le convenga. No solo desplazan los humanos, sino que desplazan las plantas, el agua. Debemos ser respetuosos con quienes habitan el territorio y la relación de ellos con el subsuelo”, concluyó Quintero.
El certamen dejó abiertas iniciativas por desarrollar que beneficiarían a los usuarios del recurso hídrico.
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