Universidad de Caldas quiere retirarse de la Red Alma Máter

lustración | Edwin Agudelo | LA PATRIA
La U. de Caldas sería el segundo integrante principal en retirarse, como lo hizo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

ALEXANDRA SERNA
LA PATRIA | MANIZALES

A los traspiés que ha afrontado en los últimos dos años la Red Alma Máter, que integran instituciones de educación superior públicas del Eje Cafetero y del Tolima, se suma que la Universidad de Caldas presentó una carta para retirarse.
"La Universidad quiere enfocarse en una nueva política de red, que puede hacer con esas mismas instituciones, pero de manera directa", explicó Fernando Duque, secretario general y vocero del Consejo Superior (CS), que tomó la decisión.
La carta fue presentada el 4 de este mes, el mismo día en que el ICBF nacional emitió una resolución confirmando una multa por $420 millones a la Red por el supuesto incumplimiento de un contrato firmado en 2010 (ver recuadro El contrato con el ICBF).
"La voluntad de retirarnos no obedece a ese hecho, que apenas conocimos esta semana por la información de los medios, ni a otros inconvenientes", aseguró Duque. Agregó que la Universidad no está vinculada a procesos que afronte la Red, pues esta tiene una personería jurídica propia y la contratación es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva. No obstante, la de Caldas hace parte del Consejo Directivo.

Enredados

La Red también la forman las universidades de Quindío, Tecnológica de Pereira y del Tolima. Se creó en 2000 como una corporación de entidades públicas regida por el derecho privado, lo que le permite tener otros regímenes de contratación. Tiene autonomía presupuestal y administrativa, y sus tres fines son la integración académica, desarrollo regional y la contratación con el Estado.
Esto último, sin embargo, la ha llevado a la picota de los organismos de control y de los medios. En agosto de 2011 se agudizó el escándalo por un contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá para capacitar a rectores y maestros, y que rebosó la copa por la entrega de cartillas con contenidos de 1993. Este escándalo llevó a que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tomara la decisión de retirarse.
El entonces director ejecutivo, Germán Toro, estuvo en la U. de Caldas señalando que detrás de la bulla mediática podría haber intereses particulares. Un año y medio después, la institución local decide dar un paso al costado.

Que replanteen la decisión

"No hay una razón diferente a la que le dijo el secretario general, que además es el vocero autorizado del CS", respondió el pasado viernes Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, al insistirle si habían influido los enredos con los contratos. Agregó que pertenecer a la Red ya "no es necesario", pues ya aprendieron cómo trabajar en cooperación con las universidades, que seguirán tratando como aliadas.
Hay que recordar, sin embargo, que la U. de Caldas fue fundadora y ha girado dineros cada año al ser miembro principal. "No recuerdo el costo anual, pero era muy poco. Tampoco hay que verlo como un gasto, sino como inversión, porque incluso creamos un fondo para participar en convocatorias de investigaciones", afirmó Gómez.
Diego Mauricio Arias, director ejecutivo de la Red Alma Máter, le pidió a la Universidad que replantee esa decisión, argumentando que vale la pena continuar cuando la corporación lidera proyectos de impacto como el Paisaje Cultural Cafetero y una red de maestrías. No obstante, la institución educativa espera a que se reúna el Consejo Directivo, a mediados de marzo, para oficializar su retiro.

El contrato con el ICBF

El ICBF nacional y la Red Alma Máter firmaron en diciembre de 2010 un contrato de $11 mil millones para instalar 2469 computadores en las regionales del país, montar redes de internet, telefonía y videoconferencias. Estos dos últimos componentes fueron retirados luego, porque las licitaciones para contratarlos resultaron desiertas. El monto se redujo a $4 mil 203 millones 536 mil 755.
El contrato finalizaba en diciembre de 2011, pero el Instituto inició un proceso para hacer efectiva una multa del 10 % por el supuesto incumplimiento en el contrato, que quedó en firme el pasado 4 de febrero. La Red o la aseguradora tendrían que pagar, por lo menos, $420 millones 353 mil 675.
"El contratista había ofrecido un software con unas licencias que permitieran pasarlo de un equipo a otro, y que siguiera funcionando, pero no fue lo que instaló", indicó Beatriz Muñoz, secretaria general del ICBF.
No obstante, Diego Mauricio Arias, director ejecutivo de la Red, aseguró que no hubo incumplimiento, porque si bien ese software lo habían ofrecido en octubre de 2011, al firmar el contrato quedó definido otro sistema, que fue el que implementaron. "Vamos a radicar una acción de tutela, porque además hubo una violación al debido proceso. Si no resulta, demandaremos para que declaren la nulidad de la resolución que impone esa multa", concluyó.