LA PATRIA | MANIZALES
Juan José Fajardo recibió, el lunes, la notificación de que fallaron a su favor la acción de tutela que interpuso contra el establecimiento comercial Carrataplán, en la salida hacia Pereira (vía antigua), por los derechos a la igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana y prohibición de discriminación.
"Recibo las noticia con mucha emoción y orgullo, ya que estamos felices de haber ejercido nuestro derecho", narró. Aseguró que espera que les garanticen la no repetición de este tipo de acciones.
Por su parte, el exconcejal y representante legal del establecimiento, Carlos Velásquez, le manifestó a LA PATRIA que aunque ya fue notificado, no ha podido revisar el fallo. Comentó que piensan impugnar la decisión: "La ley nos da otras instancias, y las vamos a agotar todas".
Carlos Buriticá, voluntario de la corporación El Faro, organización que trabaja por los derechos humanos, comentó que esto sienta un precedente frente al empoderamiento de la comunidad LGBTIQ para hacer uso de los mecanismos jurídicos y expresarse libremente, bajo ciertos límites.
La orden
En el fallo se ordena que después de notificadas todas las partes se ofrezcan disculpas públicas, en 48 horas. Disponer un espacio apropiado y visible en el lugar para hacer público el fallo, como garantía de no repetición; y adelantar un proceso de socialización con sus empleados.
Además, les ordenaron abstenerse de realizar este tipo de conductas a futuro. A la Cámara de Comercio, en asocio con la Defensoría del Pueblo, les solicitaron instruir un curso de derechos humanos dirigido a los comerciantes de la ciudad sobre el principio a la no discriminación y los derechos fundamentales a la igualdad y la dignidad humana.
Los hechos
El 31 de octubre, Juan José Fajardo y su pareja llegaron al establecimiento comercial, sobre la medianoche, a celebrar el cumpleaños de un amigo. 40 minutos después, un trabajador del lugar les pidió que evitaran darse besos, tal y como lo estaban haciendo otras parejas heterosexuales.
Los afectados instauraron una acción de tutela el 28 de enero con el apoyo de la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas.
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