MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES

A los apartamentos del barrio San Sebastián han llegado 280 familias en dos años. Estaban seguras de dejar atrás el sello de damnificados por haber habitado zonas de alto riesgo, pero su calidad de vida sigue deteriorada. No tienen con qué pagar la nueva vivienda y algunos están a punto del embargo.

Son familias que vienen de cambuches construidos en cualquier falda de la ciudad o al pie de un río o quebrada, otros tuvieron que salir corriendo de huida de deslizamientos e inundaciones. El nivel educativo no es alto y su capacidad laboral está instalada en oficios informales o temporales, cuando no es que llevan meses o años desempleados. Fuera de eso, el número de miembros por familia es alto para acomodarse en los 42 metros cuadrados de los apartamentos.

El drama

Germán Alirio Vargas, fue reubicado del derrumbe del 2006 en el barrio Sinaí. En este espacio se acomoda con su esposa, seis hijos entre los 9 y los 17 años, dos perros y un conejo. Los apartamentos tienen dos alcobas y un solo baño.

El empleo no le llega a este padre de familia desde hace un año y medio, sale a rebuscarse unos pesos cuando lo contratan para amenizar viejotecas. Su hijo de 17 lava buses en el control de San Sebastián, reconoce que es menor de edad, pero dice que al menos con los $ 40 mil diarios que se gana y que le entrega a la mamá, la familia de ocho personas puede comer.

Se han visto en varias oportunidades sin servicios públicos, se los cortan por falta de pago. Afortunadamente en los apartamentos hay fuertes lazos de solidaridad. Los vecinos se las ingenian extendiendo cables desde sus viviendas para darles luz a los que no pueden pagar las facturas o surtiendo el agua que necesitan, incluso dejándolos preparar los alimentos cuando el gas falta.

Se podrían contar decenas de dramas, todos casi iguales, pero en los que cambia el miembro de familia que surte el dinero al hogar. La señora que trabaja por días como empleada doméstica, el vendedor informal, el joven que lava carros cuando no llueve, la mesara de fines de semana en un restaurante, el obrero, el mecánico, la mujer separada que vive de lo que su esposo le pasa; en fin, ninguno que alcance a reunir siquiera un mínimo al mes $ 589 mil 500.

Los afectados se quejan porque las trabajadoras sociales los visitan y cuando ven en los apartamentos televisor, equipo de sonido, lavadora o computador les dicen que sí hay capacidad de pago; así no sean de última tecnología o se los hayan regalado. "Como si no tuviéramos derecho a estas cosas, que no son lujos", dijo una de las por lo menos 15 personas que, con Germán, fueron llegando al bloque cinco de San Sebastián el pasado viernes en la mañana para describirle a LA PATRIA la difícil situación.

Se sienten estafados

Yuri Alejandra Llano es parte de otra historia que calca las dificultades económicas. No se explica que las casas frente a los bloques reciban facturas estrato uno, y ellos, por vivir en apartamentos, se suban al estrato dos.

Al mes pueden cancelar $ 120 mil entre agua, luz, gas, parabólica y administración.

Fuera de eso, las cuotas que pagan por las casas, de las que saldrían dos apartamentos, son entre $ 40 mil y $ 60 mil; pero ellos deben cancelar entre $ 143 mil y $170 mil, deuda a 10 años. "Nos cobran intereses muy caros, y todo por una deuda de $ 10 millones, pues los subsidios nacional y municipal, que sumaban unos $ 20 millones, no nos alcanzaban".

El barrio, en sus etapas I y II, es la prueba piloto de la Alcaldía de Manizales para Vivienda de Interés Prioritario en altura, y lo ejecutó como alianza público privada con Obras Sociales Betania, que también ha salido perdiendo.

No obstante, la comunidad percibe la situación de otra manera y no es para menos. Dicen que fueron estafados porque en la factura del impuesto Predial el avalúo de los apartamentos es de $ 22 millones 134 mil, y están pagando por viviendas de $ 35 millones.

Cualquiera les daría la razón, pero Betania explica que una cosa es el avalúo catastral, del que sale el Predial, y otra el valor comercial de las viviendas, que es lo que asumieron. Mauricio Barrientos, gerente de Obras Sociales Betania, se basa en la explicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi: la Ley 1450 o de vivienda, dice que para fijar los avalúos catastrales se deberá tomar, como mínimo, el 60 % del valor comercial de un bien.

Por ninguno de estos apartamentos se tiene que cancelar Predial, pues integran los cerca de 3 mil predios exentos de este impuesto en el Municipio, al estar avaluados en menos de $ 22 millones 991 mil.

Presionados

"Cuando nos dieron los subsidios del Gobierno, nos dijeron que si no nos postulábamos a los apartamentos perderíamos esa ayuda. No sé cómo hemos llevado el sustento de los hogares", dijo Sandra Yulián González, damnificada del Solferino y con dos hijos de menos de dos años.

A lo que han tenido que acudir muchos residentes es a dejar de pagar la cuota del apartamento. Germán Vargas dice que debe $ 2 millones por 14 meses, Sandra Yulián hace cuentas de $ 2 millones y medio por 18 meses de deuda.

Lo que los tiene más angustiados es que Betania ya anunció, a algunos, que iniciaron cobro jurídico y que podrían llegar al remate de los apartamentos, como ya le pasó a un vecino.

"¿De dónde traigo plata, si no estoy trabajando? Además supe de una persona que les llevó $ 80 mil y le dijeron que ese dinero no se abonaba a la deuda sino para pagar el abogado del proceso", dijo un hombre que se arrimó el pasado viernes a contar las penurias que están viviendo los habitantes de los apartamentos de San Sebastián. Todo por falta de plata para pagar las cuotas de vivienda.

APP no funcionó

Mauricio Barrientos, gerente de Obras Sociales Betania, explica que adjudicaron 280 apartamentos de $ 35 millones a familias que habitaran zonas de riesgo o que fueran damnificadas y tuvieran bajos recursos. El Gobierno Nacional otorgó, a través de Fonvivienda, subsidios entre 9 y 11 millones de pesos a cada beneficiario, igual fue el Municipio, a través de la Caja de la Vivienda Popular, para un total aproximado de $ 22 millones, aunque hubo personas que pudieron aportar algo y rebajaron el valor.

"Como les faltaba dinero para ajustar el total del apartamento, intervino la Fundación Lúker, que donó unos $ 2 mil 900 millones para que Betania les concediera los créditos, ya que estaban por fuera del acceso al sistema financiero, y así Betania pudiera continuar su objeto misional".

El estudio de crédito se los hizo Actuar Famiempresas, y se demostró que la mayoría estaban en malas condiciones económicas. Sin embargo, Betania siguió con el proyecto que le propuso la Alcaldía de Manizales como alianza público privada (APP).

"Vimos las condiciones muy dramáticas, y empezamos a tocar puertas para conseguirles padrinos. Salieron unos 50, que permitieron bajar la cuota a las familias que estaban más mal. Del resto encontramos que unos no podían, y otros no querían pagar. Contratamos una trabajadora social para que estudiara las condiciones económicas actuales para compararlas con las del momento de la adjudicación. El resultado es que se agravó la situación para un 80 % de las familias. El otro 20 % está mejor ubicado".

La entidad detectó también cuatro personas que vendieron los apartamentos, cuando no pueden hacerlo en los primeros 10 años. Con ellos y a los que les encontraron capacidad de pago y tienen cuotas vencidas se les inició demanda de cobro jurídico para remate, si no se llega a acuerdos de pago, pero son menos de 10 familias.

Además del abono a deuda e intereses, las familias deben pagar un seguro de vida de deudores y otro de incendio y terremoto, que los exige la Ley 546 de 1999 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en caso de imprevistos. La cuota más alta es de 170 mil pesos.

Betania inició un proyecto social desde octubre del año pasado para apoyo nutricional de niños y adultos mayores, formación deportiva y en valores, y capacitación para el trabajo. Apoyan Nutrir, Arquidiócesis de Manizales, Fundación Lúker, Once Caldas, Colegio Granadino, Sena, Universidad Católica. "Ya miraremos qué hacemos con su cartera pendiente de pago", dice Barrientos.

Para desarrollar todas estas actividades de trabajo social le pidieron apoyo a la Caja de la Vivienda Popular, como dice el convenio. "Hace unos 15 meses le solicitamos por escrito al gerente que nos den en comodato un lote de unos 600 metros cuadrados y construir un salón múltiple. No hay respuesta. Nos dejaron solos. La alianza con la Alcaldía no funcionó. El resultado para Betania no es el esperado".

Panorama

En San Sebastián faltan 25 apartamentos por adjudicar porque no hay personas que cumplan las condiciones.

A febrero de este año, de 280 apartamentos adjudicados solo 22 están al día en sus pagos.

Vía legal

El abogado Armando Ramírez, representante de las familias afectadas, asegura que los apartamentos sí se pueden embargar, secuestrar y rematar; aunque en las escrituras públicas aparezca el título Patrimonio inembargable de familia.

"No se entiende esta situación en un Estado social de derecho. Le solicitaremos al Gobierno Nacional y a la Contraloría General de la República que expliquen e intercedan, pues si les rematan los bienes quedarían impedidos para volver a solicitar un auxilio del Gobierno Nacional".

Están pensando en una demanda de Acción Popular, aunque advierte que conoció un propietario que vendió el apartamento sin que estuviera permitido.

Propuesta comunitaria

Cristian Pérez, comunero de la Ciudadela del Norte, sostiene: "Proponemos que con la construcción de 800 apartamentos en San Sebastián, que son parte de las viviendas gratis del Gobierno Nacional, les den empleo a las familias colgadas con las cuotas y generen ingresos".

El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, estuvo en Manizales a finales de febrero pasado, iniciando este proyecto, y comprometió a los constructores (Las Galias) a priorizar la comunidad al contratar mano de obra.