MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Las 226 familias ocupantes de la hacienda Potrerillo, en el Kilómetro 41, una vez más perdieron terreno legal, después de cumplir un año y 46 días de invadir el predio.
Primero los tribunales Superior de Manizales y de lo Contencioso Administrativo de Caldas les negaron cinco tutelas, y ordenaron retomar el desalojo; la Corte Suprema de Justicia hizo lo mismo, y ahora el Consejo de Estado ratificó esta decisión.
"La orden de desalojo no es consecuencia del capricho de las autoridades demandadas, sino de la obligación de cumplir con lo dispuesto en las providencias judiciales que declararon la extinción de dominio, lo que implica desalojar del terreno a las personas que los ocuparon irregularmente", precisa el magistrado del Consejo de Estado Hugo Fernando Bastidas en el fallo en segunda instancia, confirmado el pasado 5 de agosto.
El proceso
Andrés Mauricio Londoño, invasor de Potrerillo, interpuso una tutela el 12 de agosto del año pasado contra la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), las inspecciones de Policía Quinta, Séptima y Novena de Manizales, y la Caja de la Vivienda Popular. Consideró que se le vulneraban sus derechos al debido proceso, a una vivienda digna y a la unidad familiar.
El demandante solicitó suspender la orden de desalojo. Alegaba que ocupó el terreno legítimamente al comprarle un lote a Sorany Franco -encargada por Estupefacientes del bien-, y en caso de que tuviera que abandonar Potrerillo, la Alcaldía lo incluyera en un programa de vivienda gratis.
El magistrado Augusto Morales Valencia, del Contencioso, negó sus peticiones el 23 de agosto del año pasado, porque los invasores reconocieron que estaban ocupando terrenos de propiedad del Estado, y que Franco no era la dueña del predio, por lo que no podía venderlo. Por esa razón se le abrió un proceso en la Fiscalía. El Consejo de Estado confirmó el fallo casi un año después.
Sin notificación
Según Moisés Gallego, vocero de los ocupantes, esta era la última o penúltima tutela impugnada que faltaba por resolver. "Respetamos la decisión, pero el proceso queda igual. Debemos seguir las negociaciones con Estupefacientes y la Alcaldía".
La defensora del Pueblo de Caldas, Yazmín Gómez Agudelo, quien desde el 21 de noviembre pasado ha liderado las reuniones entre ocupantes y Estado, indicó que no conocía el fallo. Lo mismo expresó Francisco Javier Ballesteros, líder de la invasión.
La secretaria de Gobierno de Manizales, Paula Andrea Sánchez, expresó que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación. "El predio es de la DNE, hoy entidad en liquidación. Estamos a la espera de que la Sociedad de Activos Especiales, que asumió la administración del Potrerillo, nos comunique si se continua con el proceso de restitución".
LA PATRIA se comunicó a la DNE, pero su representante legal, María Mercedes Perry, no atendió las llamadas. Su secretaria dijo que se le enviaran las preguntas por escrito.
Sobre Potrerillo
377 familias de la vereda Kilómetro 41 invadieron el 11 de julio del 2013 la Hacienda Potrerillo, incautada a Roberto Escobar, alias Osito. Denunciaron que Sorany Franco, administradora de la propiedad, vendía lotes a $1 millón 300 mil, pero que los había estafado. La Policía hizo presencia y la Secretaría de Gobierno Municipal informó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), dueña del predio. El 23 de julio de ese año se expidió la orden de desalojo, pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales suspendió el operativo el 14 de agosto, mientras se resolvían cinco tutelas. Durante el año y 46 días de la invasión, los ocupantes han intentado que la Alcaldía interceda ante la DNE. Buscan que les cedan el predio para iniciar un desarrollo de vivienda. En la hacienda ahora hay 226 familias, que habitan construcciones en guadua, esterilla, caña brava, plásticos, cemento y tejas de zinc.
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