MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El pasado viernes, a las 2:57 de la tarde, el expresidente del Concejo de Manizales Luis Gonzalo Valencia escribió en su cuenta de facebook: "Abrieron mi oficina en el Concejo. Por orden del actual presidente Víctor Hugo Cortés, abrieron mi oficina en horas de la mañana. Es inaudito que esto suceda, y más que el presidente dé disposiciones a funcionarios para dichos actos. Estoy extrañado con dichas conductas".

Cortés justificó ayer su actuación: "No hemos podido encontrar eco en el expresidente para que entregue todos los documentos oficiales que pertenecen a la entidad. Le hemos insistido vía telefónica, le hemos escrito vía whatsapp para que llegue a la corporación y se notifique de una petición por escrito que le elevé para que nos entregara esos documentos, y no lo hemos logrado. Nos deja muy preocupados porque nos encontramos con un problema muy difícil. En medio de la necesidad imperiosa de los documentos impartí la instrucción de acceder a la oficina de él".

Por necesidad

La génesis de este problema entre el liberal Cortés y el conservador Valencia es del 2015, cuando el Concejo aprobó un proyecto de acuerdo de modernización de la entidad. El acuerdo lo objetó el exalcalde Jorge Eduardo Rojas y fue al Tribunal Administrativo de Caldas para que determinará qué ente era el encargado de ejecutarlo.

En marzo del 2016 el Tribunal resolvió solo las objeciones indicando que el competente era el alcalde. Valencia, ya como presidente, envió documentos a la Contraloría, a la Procuraduría y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) aduciendo que no era viable aplicarlo porque no se habían incluido las prestaciones.

El DAFP sugirió que tenía que hacerse una nueva modificación para establecer en tres acuerdos: la estructura de la entidad, la planta de personal y la escala salarial.

"Esos documentos fueron llegando y el concejal Luis Gonzalo los guardó y no los dio a conocer. Contrató a una abogada para que hiciera las modificaciones y destinó dos funcionarios para que hicieran consultas en el DAFP, que insistió varias veces en que estaba mal hecha la modernización. El expresidente nombró a 26 personas, aplicando totalmente el acuerdo", asegura Cortés.

Cuenta que cuando llegó, el 2 de enero pasado, encontró un documento del DAFP pidiéndole que informara qué había ocurrido con la modernización. "Voy a mirar los documentos y no los encuentro. En medio de la necesidad imperiosa que teníamos ordeno a dos funcionarios que entren a su oficina con la copia de la llave que se tiene para eventualidades, retiran solo los documentos que necesitábamos para contestarle al DAFP y se hace un acta".

Se me fueron

Valencia asegura que es falso que el DAFP le hubiera escrito indicándole que debía modificar el proceso. "Hay que recordarle al presidente que él asesoró a la Presidencia en el 2014 para sacar la modernización, y que fui el ponente con la entonces concejal Lucelia Yepes. Simplemente apliqué el acuerdo parcialmente, según unos ajustes que se hicieron".

Sostiene que los documentos reposan en la Secretaría y en el Archivo del Concejo. "Simplemente en mi oficina tengo copias de esos documentos, pero no los originales. Y si hubiera tenido el original, de pronto en unos pocos papeles que subí a mi oficina se me fueron, me hubieran podido pedir que abriera la oficina. Ya las autoridades pertinentes sabrán qué tienen que hacer".

Defensa del presidente

* "La oficina no es del concejal, él no paga por arriendo por ella, es del Concejo de Manizales. Son bienes públicos".

* "No se puede aducir que hubo extralimitación de funciones ni violación del derecho a la intimidad. Tengo que aceptar que se califique la conducta como inadecuada y tengo que asumir la responsabilidad por ello, pero tuve que sopesar entre los intereses de la entidad que represento y los intereses personales de un expresidente".

* "Merece todo el reproche social y jamás volverá a ocurrir, tenemos que ofrecer disculpas, pero también habría que hacerle un reproche al expresidente de por qué no entrega los documentos".

Defensa del expresidente

* "No sé qué documentos sacaron, me hubieran podido llamar".

* "Es totalmente falso que me hubieran llamado y escrito, que muestre las pruebas. Porque inclusive yo llamé al jurídico para saber por qué me habían abierto la oficina y pasó el presidente y me dijo: por orden de Presidencia. Le dije: voy a poner en conocimiento esto, y me respondió: haga lo que quiera. Eso es lo único que he hablado con el presidente desde que salí de la Presidencia".

3 conceptos de abogados

José Fernando Ortega, abogado penalista

Puede haber una falsedad por ocultamiento de los documentos, y puede haber un ejercicio arbitrario de las propias razones, del presidente actual al haber abierto la oficina, lo que se configura en una contravención que también generaría una investigación disciplinaria de la Procuraduría. No es violación a la intimidad, porque la intención no fue esa, el presidente necesitaba unos documentos que él considera le debieron entregar.

Alejandro Franco Castaño, abogado en derecho público y comercial

Los concejales no son propietarios de sus cubículos ni de sus oficinas, el presidente actuó como representante legal y como ordenador del gasto puede realizar este tipo de actividades de guardar la normalidad en su rol administrativo. No consultó documentos privados fueron documentos oficiales. De pronto sí se aceleró, pudo haberle enviado un requerimiento solicitándole en un término perentorio la entrega de documentos oficiales. No veo que se configure un delito.

Rodrigo Giraldo Quintero, abogado en derecho constitucional

Toda la documentación del Estado es pública y abierta excepto si es de seguridad nacional o de carácter de urgencia, en esa medida el expresidente no tenía por qué esconderla ni por qué demorarse en entregarla, no obstante existen procedimientos como el derecho de petición entre otros que establece la ley. La intromisión sin autorización que hace el presidente a la oficina es sumamente delicada, se puede configurar en una violación al derecho a la intimidad, con consecuencias penales y disciplinarias. Más allá de cualquier consideración de la urgencia de los documentos, se debe garantizar el debido proceso y no era la forma de actuar, menos tratándose de servidores públicos.

En investigación

La personera de Manizales, Tulia Elena Hernández, informa que la norma les asigna competencias para hacerle seguimiento al desempeño de las funciones de los concejales, pero que en este caso la Procuraduría tiene un poder preferente, por lo que tramitarán algunas evidencias preliminares y las trasladarán a ese organismo.

A extras

El presidente del Concejo anuncia que el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, los convocará a partir del próximo lunes a un periodo de sesiones extraordinarias, en el que debatirán los tres proyectos de acuerdo relacionados con la modernización de la corporación. "Habrá que hacer una reducción de por lo menos de cinco cargos de alto nivel en el Concejo, que cuestan alrededor de $300 millones y no se necesitan. Son: atención al ciudadano, que en lo corrido de enero solo ha atendido tres peticiones; recursos físicos y tecnológicos, pero el Concejo no tiene una cobertura mayor en inventarios; talento humano, solo para el manejo de la hoja de vida de 26 funcionarios; técnico administrativo, y auxiliar administrativo, estos últimos cuyas funciones pueden recaer en otras personas".