A la Alcaldía de Manizales le tocó retirar proyecto para expropiar bienes

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Personas que viven en la Comuna San José y que estuvieron en el Concejo de Manizales las cuatro horas y media que duró la sesión de ayer, terminaron con un sonoro aplauso al escuchar que la Alcaldía retiraba el proyecto con el que se buscaba darle competencias al alcalde para expropiar bienes por vía administrativa.

Durante la sesión, concejales de todas las bancadas políticas criticaron la iniciativa al considerarla carente de argumentos e inapropiada para lo que se vive en la ciudad, especialmente en la Comuna San José con el Macroproyecto de Renovación Urbana.

Quedó claro que la competencia que se pedía es legal, pero se insistió que no era oportuno y que lo mejor era retirarla.

Inconvenientes

Moises Gallego, del Comité de Voceros de la Comuna San José, dijo en medio de la discusión en el Concejo, que el proyecto era innecesario porque para eso está vigente la expropiación por vía judicial (es decir la que hacen los juzgados).

Explicó que esta figura tiene más garantías para el ciudadano. "Ya tenemos resultados. A Arnoldo Aricapa, el Juzgado Quinto Civil del Circuito ordenó desde agosto pasado que le subieran el avalúo de $63 millones a $65 millones; lo que pasa es que la Alcaldía no le ha pagado y eso lo obligó a presentar una tutela a principio de este mes, pero es lo mejor para la comunidad", explicó Gallego.

La gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Patricia del Pilar Ruiz, también estuvo en la sesión de ayer. Sostuvo que encontraron que como fue presentado el proyecto la medida se aplicaría en toda la ciudad, no solo en la Comuna San José. "Nos preocupa porque serían facultades que esperamos no riñan con el Plan de Ordenamiento Territorial y otras normas urbanísticas".

El concejal Hernán Alberto Bedoya, del Partido de la U, aclaró que desde el primer debate de este proyecto fue el único que votó en contra. Argumentó que entregar este instrumento es una forma agresiva de expropiar a la gente porque limita sus derechos. Destacó que la vía judicial, que es la que se aplica actualmente, es algo prudente, así se demore unos dos años, pero al menos no congestionará la Empresa de Renovación Urbana que tendría que asumir las expropiaciones vía administrativa, con el impacto en demandas que esto genera.

En la sesión se trajeron incluso actuaciones de gobernantes de países vecinos. El concejal Francisco Javier González, del Partido Verde, citó como ejemplo lo que ocurre en Venezuela. "Lo que pretenden hacer aquí es lo que hace Hugo Chávez. Allá sí está mal, pero aquí está bien".

Reconocieron error

Con cada intervención el futuro negativo del proyecto se iba perfilando más. La mesa directiva ordenó un receso de media hora, pero ni siquiera esto sirvió para pulir el proyecto, aunque algunos concejales contemplaron la posibilidad de modificarlo para que pasara.

La última en hablar fue la concejal ponente, Lucelia Yepes, conservadora yepista, que le propuso a la Administración retirar el proyecto por presentarse en un momento inoportuno.

Juan Carlos Gómez, secretario General de la Alcaldía, tomó la palabra y le dijo a la plenaria y a los asistentes que el único motivo que los asistía era favorecer a la comunidad, y que no se podía negar que el proyecto tuvo socialización con los líderes de la Comuna San José. Reconoció que seguramente faltó claridad y que por ello deben revisar. "Atendiendo las peticiones de la comunidad y los argumentos de los concejales la Administración decide retirar el proyecto".

El beneficio del que habló Gómez es que las expropiaciones por vía administrativa pueden hacerse en menos tiempo y pagar de forma más ágil.

Renovación Urbana debe salarios

El concejal Hernán Alberto Bedoya (de la U) dijo ayer que la Empresa de Renovación Urbana (ERU) está reducida a su mínima expresión y que a finales de este mes completa dos meses sin pagar salarios a sus trabajadores. "Hace un mes les pagaron seis meses atrasados. El que va a trabajar allá tiene que hacer curso de faquir porque no les pagan".

Carlos Abad Ramírez, gerente de la ERU, respondió que trabajan en una herramienta de capitalización que ordenó el alcalde y que se hará con recursos del Municipio para resolver los inconvenientes financieros. "Esperamos que la capitalización se haga a finales de este mes", dijo Ramírez. La nómina mensual de la ERU cuesta unos $50 millones para 20 personas, de nómina y contratistas.