LA PATRIA | MANIZALES
La Embajada de Estados Unidos en Colombia a través de un comunicado intentó anoche matizar la decisión de ese país de cancelarle las visas a tres magistrados: José Lizarazo y Diana Fajardo de la Corte Constitucional y Éyder Patiño de la Corte Suprema de Justicia.
"Bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales. No comentamos sobre casos de visas individuales. El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos", dice el comunicado.
La determinación del Gobierno de Donald Trump ha sido interpretada como una medida de presión para los magistrados que tienen en ciernes decisiones importantes. Por ejemplo la Corte Constitucional estudia la votación de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Corte Suprema de Justicia señaló en un comunicado de su Sala Plena que “cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y bastión de los Estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización”.
Para hoy se espera que la Corte Constitucional reciba un informe de la embajada estadounidense, en el que se haga referencia al estado de los documentos de los magistrados para el ingreso a ese país.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constituconal, manifestó: "Cada Estado es autónomo para definir a quién recibe y a quién no en su territorio. Pero los magistrados no pueden depender de la visa para fallar de manera independiente y en derecho. No les debe preocupar sino su sagrada función, que han de ejercer sin compromisos".
La misiva de la embajada estadounidense finaliza asegurando que valoran y respetan la soberanía de Colombia y lo esencial de sus instituciones democráticas.
Los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron que sus teléfonos estaban interceptados, la Fiscalía reconoció que sabía de las interceptaciones desde enero, pero no de los autores. Además el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, los invitó a una reunión que posteriormente cancelaron los togados al conocerse las denuncias de representantes a la Cámara sobre supuestas presiones de Whitaker para votar a favor de decisiones relacionadas con la JEP. Sumado a eso el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió dos amenazas, antes y después de que ese alto tribunal realizara la audiencia pública sobre el futuro del uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
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