El plazo vencía ayer para que la Alcaldía de Manizales tumbara 10 casas del conjunto cerrado Santa María del Camino. El urbanizador no corrigió la edificación que hizo sobre el retiro obligatorio de tres metros, en límites con el conjunto cerrado Arboletes.

Sin embargo, a los propietarios de estas viviendas los salvaron las tutelas que cada uno interpuso y las aceptó la Corte Suprema de Justicia, y sobre las que esperan fallos entre esta semana y la próxima. De acuerdo con estas decisiones, la Alcaldía se reunirá con los afectados para analizar la situación.

El siquiatra Germán Andrés Valencia es uno de los 10 afectados. Dice que buscan la protección de los derechos fundamentales y los de los menores de edad, que deben estar por encima de otros derechos. "Que se reconsidere el fallo del Tribunal Superior, que dice que se deben tumbar las propiedades, cuando son casas que ya están habitadas. Esperamos que los magistrados de la Corte Suprema tengan en cuenta estos derechos".

Apoyo por redes

Desde que comenzó el proceso, hace cinco años y cuatro meses, los afectados de las 10 casas no han tenido contacto con el urbanizador. Valencia indica que en algún momento, de acuerdo como siga el proceso, también lo llamarán a rendir declaraciones. "Desconocemos si se ha presentado a los requerimientos judiciales. En su momento la justicia tendrá que evaluar qué va a pasar con él".

Este médico había solicitado al alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, no demoler su casa, a través de la plataforma change.org que en un mes logró 9 mil 230 firmas de apoyo. También las envió a la Corte Suprema y al Ministerio de Vivienda, pero todavía no le responden.

"Esto funciona como apoyo desde las redes sociales y se anexan comentarios con alto valor, inclusive de normas urbanísticas que pueden servir de apoyo para dirimir la situación", concluye el siquiatra.

El caso

Los 10 dueños de vivienda en el conjunto cerrado Santa María del Camino se vieron afectados por el fallo de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior, que le ordenó a la Alcaldía de Manizales demoler las propiedades si en 30 días hábiles el constructor no corregía la situación. El plazo era hasta ayer.

Según la Alcaldía, el constructor, ingeniero Gustavo Castaño Loaiza, edificó sobre el retiro obligatorio de tres metros, en límites con el conjunto cerrado Arboletes. El Tribunal le impuso una multa de $160 millones.