Deudas y goles con los módulos de los vendedores informales en Manizales

CARLOS HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Este negocio puede ser bueno. Vasos de papaya picada, de mango biche, piña, coco... Hay quienes pasan al lado del estrecho módulo de Hugo López Mosquera, en la carrera 23, y se les hace agua la boca, así que compran. Por eso él asegura que las ventas han sido altas en épocas en las que, al final del día, cuenta $ 50 mil y cierra su minilocal dibujando una sonrisa. En días que veía solo $ 20 mil, perseveraba. Pero de unos meses para acá cuenta en promedio $ 10 mil diarios, y su cara ha cambiado. "¿Se justifica?", pregunta molesto. "Solo en pasajes me gasto $ 5 mil, y con el resto usted no come".

Da una sola justificación para la mala racha: la competencia de quienes, sin tener permiso, abarrotan la 23 para vender, entre muchas otras cosas, frutas tan apetitosas como las suyas. A tan solo tres metros de su módulo, por el que paga $ 32 mil mensuales para mantenimiento, una señora instala un puesto móvil llamado El Guanabanazo; por el lado opuesto, a seis, siete metros, un hombre vende mangos. De los tres, Hugo es el único que tiene autorización. "Trabajan mejor ellos, que no pagan nada por estar acá y me han quitado clientela".

La disminución de sus ingresos lo ha llevado a retrasarse en los pagos de mantenimiento, al punto que le iniciaron una investigación y posiblemente la administración le pida que entregue el módulo si no se pone al día. Debe, según datos oficiales de hace dos semanas, $ 199 mil.

Que fuera solo él, pero en la Secretaría de Planeación reportan que de los 141 módulos adjudicados, 16 los ocupan vendedores morosos cuyos saldos pendientes suman $ 9 millones 43 mil. El de menos adeuda $ 94 mil; el de más, $ 2 millones. Esto a pesar de que no siempre les va mal con las ventas. Uno de ellos admite: "A veces uno es negligente".

Otros 34 trabajadores a quienes les quitaron los módulos entre julio del 2008 y diciembre del 2012 dejaron cuentas pendientes que suman $ 27 millones, de acuerdo con Carlos Alberto Ramírez, representante de Asconar, organización encargada de recaudar el dinero para administrar esos espacios y capacitar a los beneficiados. Es decir, son cerca de $ 36 millones. La mayoría, acepta él, es dinero perdido.

Arrendados

Hay un secreto a voces entre los vendedores de la calle en Manizales: algunos alquilan los módulos. Está prohibido, pues el Acuerdo 443 de 1999 estipula: "Sin excepción, nadie podrá atender el puesto de venta sin portar el carné que como titular o como suplente lo autorice para desarrollar la actividad; tampoco podrá prestar el carné para que con él otra persona atienda el puesto y otro diferente". La autorización se obtiene después de un estudio socioeconómico que determine que quien solicita el permiso realmente necesita el trabajo.

LA PATRIA dialogó con un hombre que alguna vez arrendó su espacio. La justificación: estaba quebrado y no tenía cómo surtir el negocio, pero no quería perder el puesto. "Uno consigue un socio", explica. "Él aporta el capital para surtir y uno pone el módulo. Se llega a un acuerdo para distribuir las ganancias. Es que si a uno le dan un puesto de estos es para usufructuarlo".

La práctica continúa, pero vendedores que admiten conocer algunos casos responden secamente al preguntarles quiénes lo hacen: “aquí nadie le va a admitir eso”. El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Barrera, indica que desde que llegó al cargo, el primero de febrero, no ha recibido reportes de posible alquiler de puestos, aunque sí de gente que solo los usa como bodega, lo que también está prohibido.

Ramírez, representante de Asconar, organización encargada de administrar los módulos, asegura que falta efectividad para sancionar, pues ha detectado al menos tres módulos arrendados en el Centro y le ha pasado el informe a la Oficina de Espacio Público.

Narra lo siguiente: “He hecho recorridos. Cuando llego al módulo pregunto por el adjudicatario, y me responden que vuelve en cinco minutos. Los he esperado hasta una hora, y nada. Pongo en mis documentos que hay que hacerle seguimiento. Sigo viendo a la misma persona en el módulo y me sale con lo mismo. Le pido el nombre y encuentro que no está en el estudio socioeconómico como suplente. Continúa la investigación. Sigo por la 23 y de pronto me encuentro al adjudicatario vendiendo en otro sitio, así que le tomo una foto y paso el informe a Espacio Público”. Nada ha ocurrido.

Néstor Alexánder García, inspector de Espacio Público, argumenta que las excusas de que el titular tiene que ir al baño, hacer vueltas y cumplir otras obligaciones han servido para que los presuntos infractores evadan las sanciones. "No hemos podido comprobar el arrendamiento", concluye. "Eso solo se puede mediante testimonios de los testigos, y la comunidad no colabora; también podría verificarse conociendo un contrato, si existe, pero es muy difícil saberlo".

La queja por la lentitud de los procesos es más grave si se tiene en cuenta, por ejemplo, que hay solicitudes de restitución de módulos que el representante de Asconar le ha pasado a Espacio Público desde el 29 de diciembre del 2010, es decir, hace dos años y tres meses, "y no se han hecho".

Hasta con la Chec

Fernando Ríos, curtido vendedor con 46 años negociando en la calle, cuatro veces quebrado, asegura que no arrienda, pero admite que el módulo que le corresponde lo atiende su yerno mientras él se dedica a vender almanaques lejos de allí para buscar otras fuentes de ingreso porque hay veces que no vende un peso. También se ha retrasado en los pagos de mantenimiento, algo que le ocurrió en un principio porque debió pagar primero una deuda ajena. La razón es que hace tres años, cuando le adjudicaron el módulo, su antecesora se fue debiéndole a la Chec $ 110 mil de energía eléctrica, así que cuando él llegó el módulo tenía cortado el servicio.

Lo mismo le pasa, a unos pocos metros, a Fernando de Jesús González, quien hace dos años recibió su módulo, y cuando quiso instalar el bombillo, no pudo: su antecesor se fue debiendo más de $ 200 mil en energía eléctrica, obligación que no está dispuesto a asumir.

Son testimonios que evidencian desorden entre quienes, paradójicamente, ya están organizados. Mientras tanto, hay mil 800 solicitudes para ocupar esos espacios, de acuerdo con la Secretaría de Planeación. El representante de Asconar asegura que son 2 mil 600 quienes aspiran a trabajar en un módulo.

El hombre que permutó

Rubén Darío García, vendedor de la 23 que vive en la Comuna Ciudadela del Norte, cuenta que inicialmente trabajaba en un módulo cercano a la Catedral, pero tras una época difícil, debido a problemas de salud suyos y de su compañera, se retrasó en el pago del mantenimiento. Su deuda ascendía vertiginosamente cuando un vendedor ubicado hacia la estación del cable aéreo, un punto, según él, considerado más malo para las ventas, le ofreció intercambiar los módulos a cambio del pago de la deuda. Rubén aceptó entre el alivio y la resignación, e hicieron el trámite con la venia de la Alcaldía y firmando en una notaría. Hoy, a su pesar, comienza a retrasarse de nuevo en los pagos.

La nueva estrategia

El secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Barrera, reconoce el desorden del comercio informal en Manizales, sobre todo el que se presenta en la carrera 23 con quienes no tienen autorización, y desde hace dos semanas comenzó a aplicar una nueva estrategia de control. Parte de que quienes venden alimentos perecederos se desplazan desde la Galería.

*Se modificaron los grupos de funcionarios que controlan espacio público, y los horarios en los que trabajan.

*No trabajarán solo en la 23, sino desde la Avenida del Centro (más abajo), que linda con la Galería, para evitar dicho desplazamiento. Es decir, se pretende prevenir antes que reaccionar.

*Pedirá más colaboración de la Policía, sobre todo para desalojar y quitar mercancía, pues la fuerza pública ha prestado sus servicios hasta poco antes del mediodía, según el secretario, y la intención es que sea permanente o en horarios estratégicos.

* Se buscará el mejor mecanismo (decreto o acuerdo municipal) para sancionar a quienes no tienen autorización por medio de multas. Néstor Alexánder García, inspector de Espacio Público, explica que el Acuerdo 443 de 1999 "solo reglamenta la situación de quienes tienen permiso", y las sanciones para quienes no cuentan con él están en el Reglamento de Convivencia Ciudadana (Ordenanza 468 de 2002), cuyas sanciones, en algunos casos, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales.

Tenga en cuenta

* El próximo primero de abril se celebrará en el Tribunal Administrativo una nueva audiencia sobre el cumplimiento que se le ha dado a la sentencia sobre vulneración del espacio público en la carrera 23 y la calle 19 de Manizales.

* Una decena de módulos están cerrados, según Asconar, porque están en proceso de restitución o porque están pendientes de que les asignen adjudicatario.