Buscan recuperar los andenes para los peatones

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

María Cecilia Vásquez Ríos vive en el barrio La Enea y hace dos años se enteró de que la vivienda que compró tenía una ocupación indebida de espacio público. "Compramos esa casa con cerramiento parcial, pero mi vecina que también tiene cerramiento y escalera se quejó, pero no lo pienso quitar porque si todos lo tienen, por qué solo van a quitar el mío".

La mujer asistió ayer al Concejo de Manizales para escuchar el debate sobre los procesos de restitución de espacio público en los barrios La Enea y La Sultana.

Jorge Alberto Betancourt, concejal del Centro Democrático, indicó que el problema es en toda la ciudad, pero se nota más en La Enea por el diseño de las viviendas y la dinámica comercial que tiene.

"El año pasado la Personería Municipal hizo un inventario de las viviendas del barrio La Enea para saber cuáles tenían problemas de restitución de espacio público. Ese censo daba cuentas de unas mil 200 viviendas para restituir y lo que habrá es un efecto dominó, porque a la primera casa que le generen la restitución, por derecho a la igualdad, pedirán que se haga con las demás", dijo el concejal.

Agregó que en La Sultana ya hay 150 órdenes para restituir el espacio público y que otros barrios pasan por la misma situación.

Otros barrios

Juan David Patiño, del barrio San Cayetano, también asistió al recinto y afirmó que él, al igual que otros residentes, construyeron escaleras exteriores.

"El barrio fue mal diseñado y tiene calles estrechas. Mi casa está ubicada frente a una zona verde y hace cinco años construí las escaleras para ingresar a la vivienda. No obstaculizan el paso vehicular ni peatonal. Soy el único afectado de mi cuadra y hay 11 viviendas más con el problema", aclaró.

Agregó que está preocupado porque hace ocho días le llegó una orden de demolición, algo que considera injusto porque no ve igualdad. "Esto es un tema de ciudad. Estamos a la expectativa de que los entes indicados nos colaboren", anotó.

José Fernando Valencia García, del barrio Marmato, manifestó que el cerramiento que le hizo a su vivienda fue por necesidad, debido a la inseguridad del sector.

Otro afectado es el hijo de Aracely Morales Uribe, del barrio Fanny González, quien pasa por una situación similar a la de María Cecilia. Según Aracely, un vecino denunció a su hijo en Planeación por el cerramiento que tenía la vivienda y al año les llegó la citación. "Mi hijo explicó que había comprado la casa así. El inspector le dijo que había que tumbar el cerramiento y nos parece injusto porque no estamos perjudicando a nadie", aseguró.

Lo que dice la Administración

Gustavo Adolfo Vélez, secretario de Planeación, manifestó que en el 2012 se pensó en hacer algo al respecto y que una prueba piloto se hizo en los barrios El Caribe y San Cayetano, donde, según él, la situación es peor que en La Sultana y La Enea.

"El tema es de ciudad. Hoy hablamos de La Enea y La Sultana por las connotaciones comerciales que tienen. Por ello lo que queremos hacer es ir de lo jurídico a lo práctico y la norma que estamos armando es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues ahora no hay herramientas porque el POT está desactualizado y el código de construcciones también".

Explicó que la propuesta que tienen es incorporar el Artículo 151 en el Proyecto de Acuerdo de la revisión general del POT que habla sobre el uso y aprovechamiento económico del espacio público, con el que pretende darle a la Administración la posibilidad de que en un año reglamente este tipo de ocupación, de la intervención con uso comercial y que se puedan generar cobros, pues hay zonas donde es tanta la ocupación que no hay andenes para caminar.

"Con respecto a las rampas, escaleras y las ocupaciones donde haya adecuaciones se sacará una reglamentación, unos protocolos de actuación para cada una, como licencias y autorizaciones para solucionar el problema. Se hará una caracterización de todos los elementos que se ven involucrados. Cada caso tendrá una tipificación, se sacarán tipos de intervenciones y con base a eso se reglamentará", explicó.

Suspender procesos

Manuel Correa, concejal del Partido de la U, afirmó que cuando nacieron los barrios residenciales solo se garantizó la construcción de vivienda y no existía la planificación del territorio. "Después de la Constitución de 1991 se empieza a hablar de planificación territorial y se le dice a la Administración que diga cómo y de qué manera se construye y se le pone funciones a los curadores urbanos", explicó.

Agregó que lo que debe hacer la Administración es una búsqueda normativa para generar un plan transitorio que permita restituir el espacio público sin generar traumatismos. Por ello, "Planeación presentó una posibilidad de incluir una normativa en el nuevo POT para darle manejo a los espacios que deben ser restituidos, para compensar en algunos casos si se le deja al ciudadano las escaleras o el cerramiento, o que genere unos mínimos de movilidad", dijo.

Con los procesos sancionatorios, que están en curso, el concejal afirmó que buscan suspenderlos, por medio de una acción popular, hasta que se expida el nuevo POT.

Estado original

Ricardo Alberto Rincón Jiménez, inspector sexto urbano de Policía, explicó que la restitución es volver las cosas a su estado original y que cuando un ciudadano usa un bien de uso público para encerrarlo o destinarlo para alguna actividad particular está haciendo un aprovechamiento individual.

"Los procesos de restitución de bien de uso público no son de carácter sancionatorio, sino procedimientos administrativos de carácter general porque no les opera la caducidad, que es una sanción para la Administración si no resuelve un proceso sancionatorio dentro de los tres años siguientes al inicio de la actuación".