Alcaldía y Corpocaldas responderán por muerte en derrumbe

LA PATRIA | MANIZALES

El Tribunal Administrativo de Caldas además de ordenarle a la Alcaldía de Manizales indemnizar a una familia por un derrumbe en el Solferino en el 2007, responsabilizó a Corpocaldas y la incluyó en la sentencia de segunda instancia.

El abogado José Fernando Mancera indicó que en octubre de ese año la Administración realizó movimientos de tierra para obras en el barrio, en un lote que aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como área de riesgo. Las lluvias agravaron la estabilidad del terreno y generaron un derrumbe que dejó dos muertos, 10 viviendas destruidas y 45 familias desalojadas.

Él representa a la familia de John Jairo Cuervo Ocampo, de 22 años, fallecido en la tragedia. El Municipio y la Corporación Autónoma tendrán que indemnizar a su esposa, Sandra Patricia Ospina, y a sus dos hijas con $327 millones.

El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión falló en primera instancia el pasado 18 de marzo solo contra el Municipio. El 14 de agosto, el magistrado Augusto Ramón Chávez, del Tribunal Administrativo de Caldas, ratificó el fallo e incluyó a Corpocaldas.

"Es evidente que Corpocaldas debía conocer los trabajos que se venían adelatando por varios años en los llenos entre Soferino y Sinaí. No implementó políticas o medidas de protección o control para evitar la tragedia, como autoridad tiene facultades para imponer sanciones", precisa el fallo.

Sobre el Municipio, se reitera que la zona del derrumbe era de alto riesgo en el POT, pero no controló en el manejo de ladera ni el movimiento de tierra. "Tampoco realizó trabajos de adecuación de los terrenos, permitiendo que las aguas se represaran en la parte alta y se filtraran por debajo de las viviendas, lo que originó un alud de eormes proporciones".
Mancera afirmó que este fallo marca un precedente para demandar a Corpocaldas en casos similares de derrumbes de laderas.

Raúl Jiménez, director de la Corporación, manifestó que respetan la sentencia y la acatarán, pero no la comparten. "No hay claridad en las competencias de la Corporación y las del Municipio, por cuanto las personas se están ubicando en zonas de alto riesgo y no hay un control urbano efectivo para reubicarlas o evitar su asentamiento".