Diana Lorena Gutiérrez
LA PATRIA | Manizales
38 familias, según la Secretaría de Gobierno de Manizales, fueron desalojadas ayer en San Sebastián. Invasores del terreno dicen que unas 400 personas vivían allí. A las 5:00 a.m. llegaron funcionarios de la Alcaldía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la Policía a sacar a la poca gente que había en ese momento en los cambuches construidos sobre el lote.
Wilson Felipe Villa lleva 15 años viviendo en San Sebastián, pero armó rancho en el lote hace seis meses porque, según él, le alcanza para comer, pero no para pagar un arriendo. Aseguró que se gastó $1millón 200 mil en tejas y madera, que sabe que no va a recuperar. Pide es que los incluyan en un plan de subsidios para adquirir vivienda.
Jhon Freddy Montes llegó al terreno hace mes y medio. "La casa no es mucha riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza", decía, mientras miraba llevar los últimos palos de un pedazo de lote que invadió.
Alejandro Ramírez, personero delegado del área de medioambiente, aclaró que el desalojo se produjo porque estas 38 familias estaban ocupando parte de la Reserva Monteleón, que es zona protegida y por lo tanto no se podían asentar allí.
Sin violencia
Ramírez señaló que se siguió un conducto regular mediante una Acción Popular, sobre la que un ciudadano interpuso un incidente de desacato para que un juez solicitara a la Administración Municipal desalojar a estas personas a través de la inspección de policía.
"Días antes se les notificó del desalojo, y hoy (ayer) se ejecutó la orden", dijo. El funcionario de la Personería señaló que en ningún momento hubo oposición ni reacciones violentas de los ocupantes.
Un abogado de la firma Delta Abogados, que no quiso dar su nombre, afirmó que el desalojo fue irregular. Dijo que a nadie le mostraron la orden que los autorizaba a sacar la gente de allí, y que interpondrán una tutela. Según él, no hubo un debido proceso, y a los invasores había que darles un tiempo prudente para que se fueran. Aseguró que había poca gente a la hora del desalojo porque la Policía les prohibió ingresar a la zona.
Llevaban tiempo
A Luis Antonio Echeverry sí lo cogió el desalojo dentro del cambuche que había armado hace tres meses, y tuvo que ver cómo lo derrumbaban.
Laura Rosa Hernández sostuvo que llevaba 10 meses viviendo allí, y que las autoridades entraron sin una orden ni les dieron tiempo a sus hijos de tomarse unos "tragos" antes de salir. "Me vine para acá porque quería que mis hijos estuvieran bien".
Nancy Cardona, contó que los habitantes de los cambuches, muchos de ellos ya con techo y piso en madera, son en su mayoría madres solteras, mujeres en embarazo o con niños recién nacidos.
No podían invadir
John Heberth Zamora, secretario de Gobierno de Manizales, indicó que las 38 familias fueron desalojadas porque el terreno es propiedad de dos entidades del Municipio: Infimanizales y la Caja de la Vivienda Popular, en liquidación. Al ser un lote con propietarios no se puede invadir.
Estaban vendiendo lotes a dos y tres millones: alcalde
El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, explicó que recibieron información que dos profesionales estaban incitando a la gente a que se tomaran el sector y estaban vendiendo los lotes. "Ya teníamos por lo menos 40 cambuches o ranchos ocupados, y nos dijeron que este fin de semana nos iban a construir 200 adicionales. El Código de Policía es claro en advertir que los alcaldes están obligados a actuar dentro de las 48 horas siguientes al conocimiento de la situación, por eso decidimos hacer el operativo. Como Alcaldía no podemos dejar de garantizar el derecho a la propiedad, que en este caso es de Infimanizales y la Caja de la Vivienda, un lote que está para la venta por 11 mil millones de pesos".
Agregó que preliminarmente saben quiénes son las dos personas que estaban promoviendo la ocupación, y que la idea es judicializarlos por el delito de incitación a la urbanización ilegal, en la que estaban engañando a la gente diciéndole que les comprara los lotes y que la Alcaldía regalaría los materiales.
Según las informaciones que recogió el Municipio, al parecer a los invasores les estaban cobrando entre $2 millones y $3 millones por cada lote, y había ya por lo menos 300 lotes separados. "Algunas personas denunciaron que los estafaron, que no se habían metido a la fuerza, porque les habían vendido el lote, pero no tengo cómo confirmar sin recibos. No tenemos contemplado un programa de vivienda para estas familias, pues con vías de hecho pretendían apoderarse de un lote que tiene propietarios".
Cardona informó que en otro barrio, Santos, revisan unas construcciones que al parecer están invadiendo áreas de protección.
* Juan de Dios Vásquez: Tenía mi casa y hasta cultivo de maíz, que ya estaba produciendo, pero me tumbaron todo.
* Claudia Patricia Castro: Llevaba un año viviendo acá. Nos tumbaron todo sin avisar. No tengo dónde meter a mis hijos.
Jhon James Tobón dice que construyó su vivienda hace cinco meses.
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