Víctimas se atraviesan en condena de Hernán Giraldo

EFE | LA PATRIA | WASHINGTON

Una corte de Washington dictaminó que tres víctimas del exjefe paramilitar colombiano Hernán Giraldo Serna, apodado el Patrón, deben de ser oídas a la hora de dictaminar la pena contra el acusado, extraditado desde Colombia a EE.UU. hace siete años.

Sin embargo, el abogado defensor del colombiano, Robert A. Feitel, adelantó ayer en una vista judicial que recurrirá la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, tribunal que se sitúa por debajo del Supremo y cuya decisión podría cambiar la dinámica de los juicios contra extraditados a EE.UU. por narcotráfico.

La Corte de Apelaciones admitió el 16 de octubre una demanda de la esposa y dos hijas de Julio Henríquez, antiguo miembro del M-19 asesinado supuestamente por órdenes de Giraldo Serna en 2001.

Las víctimas llevan pidiendo desde el 2010 que se les escuche en la Corte del Distrito de Columbia, encargada del juicio contra el exjefe de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero su petición fue rechazada y decidieron recurrir a la Corte de Apelaciones que falló a su favor.

Por el asesinato de Henríquez, el exparamilitar ya recibió en Colombia una pena de 39 años de cárcel.

Pero las víctimas consideran que, en el juicio en EE.UU., el juez Reggie Walton debería de tener en cuenta que el delito de narcotráfico del que está acusado el exparamilitar se conecta con una práctica sistemática de violencia y asesinatos, como el de Julio Henríquez.

En su decisión, la Corte de Apelaciones avala esta petición y destaca que los escuadrones ultraderechistas que lideraba Giraldo Serna, el Bloque Tayrona: "Empleaban la violencia y la fuerza como parte de su método de operar para cobrar impuestos de guerra a los campesinos que cultivaban coca en su zona de influencia.

Esta zona se extendía desde el departamento norteño de Magdalena a otras regiones de la Costa Atlántica de Colombia, según la acusación.

De esta forma, la Corte de Apelaciones traza una relación entre el delito de homicidio y las acusaciones del Gobierno de EE.UU. que afirma que Giraldo Serna controlaba desde el cultivo de cocaína hasta su transformación en laboratorios, transporte y distribución desde Colombia al país norteamericano.

"La causa del asesinato pudo haber sido el liderazgo de Henríquez de una organización dedicada a acabar con la producción de coca en la región", apunta el tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones que firman la orden contra la que la defensa del colombiano anunció ayer que interpondrá recurso, por lo que no es definitiva.

El juez Walton fijó ayer una nueva vista judicial para el 1 de diciembre con el objetivo de evaluar el caso.

Cuando el juez dicte sentencia, se completará un nuevo capítulo del viaje que Giraldo Serna y otros 13 exjefes paramilitares de las AUC comenzaron el 13 de mayo del 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), cuando el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), autorizó su extradición.

Entonces, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que habían depuesto las armas.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, conocerá el próximo viernes si recibe la condena a 30 años de prisión y tiene que pagar la multa de un millón de dólares que pide para él la Fiscalía estadounidense.