Venezuela intenta esquivar la Carta Democrática

EFE | LA PATRIA | SANTO DOMINGO

Venezuela intenta por todos los medios que los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) no le apliquen la Carta Democrática. Además de abrir de nuevo el diálogo con Estados Unidos, ayer invitó a los tres expresidentes que lideran la iniciativa de diálogo entre el Gobierno y la oposición a una sesión extraordinaria el 21 de junio en la sede de la OEA en Washington, dos días antes del encuentro para debatir si se le aplica a Caracas el instrumento jurídico al que ha recurrido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

A la reunión están convocados los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), que encabezan el diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La Carta Democrática de la OEA tiene como última consecuencia la suspensión del país del ente pero, aunque no lo descarta, ese no es el objetivo de Almagro.

El excanciller uruguayo (2010-2015) dio el paso sin precedentes de invocarla el 31 de mayo para forzar a la organización a que debata y presione al Gobierno de Venezuela, que hasta ahora había logrado evitar ese examen gracias a la hegemonía que tuvo durante años en el organismo, hoy mermada por los nuevos equilibrios políticos en la región.

Desde ese punto de vista, Almagro puede darse por satisfecho: Venezuela es el tema en todas las reuniones, la OEA está por primera vez en muchos años en el centro de todos los focos, y recibirá en su sede tanto a los expresidentes del diálogo de Unasur como al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Henry Ramos Allup.

Allup aseguró ayer en Caracas que viajará a Washington para asistir a la sesión del día 23, algo que rechaza frontalmente el Gobierno de Maduro.

Venezuela puede impedir que el opositor hable en la sesión e incluso que esté en el salón donde se celebra el Consejo, según explicaron fuentes diplomáticas.

Almagro activó a solicitud de la oposición venezolana el proceso gradual de la Carta, que puede llevar a gestiones diplomáticas (18 votos de embajadores), a la convocatoria urgente de una reunión de cancilleres (24 votos de embajadores) y, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del ente (24 votos de cancilleres).

El anuncio de ayer llega después de que el martes los jefes de Exteriores de Estados Unidos y Venezuela acordaran reanudar su diálogo bilateral en un encuentro privado en los márgenes de la Asamblea General de la OEA, que concluyó ayer en la capital dominicana.

Al borde de un estallido social

Venezuela está al borde de un estallido social a causa de la situación de crisis humanitaria que vive el país, denunciaron ayer en Ginebra tres diputados opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"La crisis es tal, que el país está a punto de un estallido social. No llega la comida a la gente y ya hemos visto últimamente brotes de violencia", dijo Rafael Guzmán, diputado de la Mesa por el partido Primero Justicia.

Una opinión compartida por sus colegas Sergio Vergara (Voluntad Popular) y William Barrientos (Nuevo Tiempo), ambos congresistas de la MUD, que participaron esta semana en Ginebra en un evento organizado por la Unión Europea y la Unión Interparlamentaria para dinamizar el trabajo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Todos los días hay saqueos, hay protestas por falta de alimentos, por carencia de los servicios básicos, hay problemas de seguridad, el transporte se paraliza porque no hay repuestos para los vehículos, el colapso es total en todas las áreas de la economía y de la vida de los venezolanos. La calidad de vida se perdió por completo", indicó Vergara.

"A pesar de que el pueblo no tiene comida, no tiene medicamentos, matan a 92 habitantes por cada 100.000, y los servicios públicos elementales, agua, luz, vialidad son un desastre. Se robaron el dinero y ahora no hallan como enderezar el desorden organizado, que es de carácter estructural", dijo Barrientos.

Los tres diputados explicaron que la carencia de alimentos se debe a que se necesitan 50.000 millones de dólares para importar alimentos y el Gobierno no los tiene, y el país no tiene capacidad suficiente de producción.

"Durante 17 años, el Gobierno ha destruido la capacidad productiva del país, expropiando tierras, empresas, no se produce lo que se necesita", aseveró Guzmán.

Los diputados abogaron por intentar despolitizar el debate y resolver lo que ellos denominan como una crisis humanitaria.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó ayer a la directiva de la Asamblea Nacional abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores del país o desplegar acciones que, aseguró, son atribuciones del Ejecutivo.