EFE| LA PATRIA
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, anunció ayer que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato.
Con el preaviso, "la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene 21 un días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares" en demandas económicas, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica el consorcio en un comunicado enviado a Efe.
Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que iniciaron en el 2007 y se prevé que estén listas en junio del 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El consorcio, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, explica que tomó la decisión "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre las peticiones económicas.
En la carta de preaviso se reitera que "ACP está al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto".
También dice que, "a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (de la ACP, Jorge Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos".
"Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyectan 1,6 billones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes Panameñas, y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas, ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha", agrega el texto.
Va más de la mitad
El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance de 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%.
El consorcio ha presentado varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP. Las peticiones señalan que el retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas, lo que generó mayores costos. Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedó como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional.
El consorcio, en el comunicado difundido ayer, indica que "Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".
La administración de Quijano es acusada por el consorcio de hacer supuestamente "todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos".
Rechazo a las presiones
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó de manera "categórica las presiones" del consorcio internacional encargado de la ampliación de la vía interoceánica, para negociar "fuera del contrato" sobrecostos que alcanzan los 1.600 millones de dólares. En un breve comunicado, la ACP afirma que si el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) incumple con lo pactado, "pondrá en acción los mecanismos" previstos en el documento legal "que le permiten completar la obra".
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