EFE | LA PATRIA | Brasilia
Aunque la acusación la ha descartado, la supuesta responsabilidad del exjefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido ventilada en el juicio por alegados sobornos a diputados y financiación ilegal de campañas denunciados en 2005.
Lo que la prensa brasileña califica como "juicio del siglo" tiene como acusados a 38 políticos y empresarios, entre los cuales figuran tres exministros.
Uno de ellos, José Dirceu, fue titular de la estratégica cartera de la Presidencia y conocido durante años como "brazo derecho" de Lula.
El escándalo fue denunciado en junio de 2005 por el exdiputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB) y hoy incluido entre los acusados, y llegó al Tribunal Supremo, que desde el pasado 2 de agosto está abocado al proceso.
La Procuraduría General, que actúa como parte acusadora, denegó incluir a Lula entre los acusados pues "no se hallaron indicios" de su participación en lo que consideró el "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil".
Sin embargo, esta semana el abogado Luiz Francisco Correa, quien defiende a Jefferson en el proceso, afirmó que Lula "no sólo sabía, sino que además ordenó desencadenar todo esto".
Según Correa, "no se puede decir que el presidente era un tonto, un ignorante, que pasaba todo eso frente a sus propias barbas y que él no sabía".
El abogado se escudó en la propia acusación, la cual sostiene que el "jefe" e "ideólogo" de toda la trama era Dirceu, cuyo despacho en la época era vecino del que ocupaba el presidente.
Correa recordó trechos de la acusación leída ante la corte por el procurador general, Roberto Gurgel, quien preguntó: "¿Cómo se podría imaginar que todo eso ocurría dentro del Palacio presidencial y que las reuniones de la banda se hacían a pocos metros de la oficina del presidente de la República?".
Según Gurgel, "era lo más seguro y hacía casi imposible obtener pruebas", las cuales, en el caso de Dirceu, admitió que no van más allá de "testimonios" e "indicios".
En su intención de implicar al exmandatario, el abogado de Jefferson se valió de lo que consideró "más que un indicio" y citó el caso del Banco de Minas Gerais (BMG), investigado por otorgar créditos sin garantías al Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, que luego supuestamente sirvieron para alimentar las corruptelas.
Correa recordó que Lula en la época autorizó por decreto a ese banco privado a conceder créditos a pensionistas de la seguridad social, cuyas cuotas se cobraban de las mensualidades que recibían.
Esas operaciones estaban limitadas a la banca pública, pero tras el decreto, el Gobierno "envió millones de cartas a los pensionados" informando que el BMG también era autorizado, lo que llevó a muchos a mudarse a ese banco, afirmó el abogado.
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