Desde la primera semana de febrero hasta hoy, la modalidad de protesta más empleada en este período fue el cierre de calles, seguido por concentraciones, marchas y cacerolazos, con la participación de gran cantidad de personas. Sin embargo, frente a estas acciones, el Gobierno ha respondido con prácticas sistemáticas de represión: La GNB y la PNB, seguidos del Sebin y policías municipales, fueron los cuerpos de seguridad que más violaron derechos humanos de los manifestantes en estas acciones, que dejaron al menos 18 personas asesinadas, 2.382 heridos y 1.254 detenidos en todo el país.
Es la principal conclusión del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en su informe correspondiente al mes de febrero, y en el cual se analiza la ola de protestas pacíficas realizadas, desde el 12 de febrero, principalmente por jóvenes universitarios y activistas de los partidos de oposición, a las que progresivamente se sumaron vecinos.
Estas acciones de calle representan el número más alto registrado en solo un mes en los últimos 10 años, precisa. “Las tensiones y conflictos en Venezuela vienen en aumento de manera sostenida desde el segundo semestre de 2013″.
El informe llama la atención sobre las agresiones de los llamados “colectivos”, grupos paramilitares de civiles armados seguidores del Gobierno, “que actúan con permisividad y complicidad de funcionarios del Estado” contra los manifestantes.
“Estas acciones fueron ordenadas y respaldadas en público por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, así como por gobernadores pertenecientes al partido oficialista, y también por representantes de la AN, incluyendo a su presidente Diosdado Cabello”, señala.
El Observatorio ve con preocupación el llamado que hizo el Presidente a los colectivos, consejos comunales y unidades civiles con formación militar para que disuelvan las protestas. “Con esta medida se promueve un enfrentamiento entre la población civil. Consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano atizan el conflicto e impulsan su escalada”.
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