Álvaro Mellizo
Efe | LA PATRIA | Lima
El ingreso a prisión del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, dividió al país entre los que ven allí un triunfo de la Justicia y los que lo consideran una cortina de humo que protege a otros acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El juez Richard Concepción Carhuancho subrayó para justificar la prisión preventiva la "muy alta probabilidad" de que Humala y Heredia hubieran cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, pero según dicen numerosos juristas, no ha contrastado la existencia de un riesgo de fuga, que sin embargo dio por hecho.
"Eso llamó la atención, porque si algo se pudo percibir en los últimos meses es que Humala y su esposa estaban cumpliendo con las disposiciones de la fiscalía y no pareciera ser que las circunstancias acreditaran una medida tan intensa y extrema", afirmó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Dos caras
Rivera, cuya organización representa a las víctimas del caso Madre Mía, abierto contra Humala por supuestas violaciones a los derechos humanos, afirmó que la mayor duda se encuentra en el hecho de que la fiscalía no presentó una acusación formal para abrir el juicio pese a que al parecer ya tiene pruebas suficientes.
"Hay un ánimo de beneficiar a otros personajes públicos que también están bajo las imputaciones de Odebrecht y que no reciben la misma intensidad investigadora de la fiscalía", dijo.
Rivera se refirió a las declaraciones de Marcelo Odebrecht ante la fiscalía brasileña, en donde confesó que su empresa financió irregularmente las campañas de diversos líderes políticos peruanos, incluidos Keiko Fujimori y la candidata del Partido Aprista del expresidente Alan García y actual vicepresidenta del Perú Mercedes Aráoz.
Entre los defensores de la decisión del juez se encuentran los diputados del Apra, como Mauricio Mulder, quien declaró que con esta medida "vuelve la fe en la Justicia y la valentía con la que tienen que actuar los jueces".
La empresa brasilera admitió ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Toledo tiene una orden de detención por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica sur, mientras que García es sometido a una investigación preliminar por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.
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