EFE | LA PATRIA | Río de Janeiro
La Policía Federal pidió que 11 de los investigados en un escándalo de corrupción, entre ellos el presidente de Brasil, Michel Temer, sean imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero.
La petición fue hecha en el informe final que la Policía Federal entregó a la Corte Suprema sobre la investigación que realizó para verificar un supuesto pago de sobornos que salpica directamente al jefe de Estado y en el que concluyó que existen indicios contundentes contra los acusados que justifican su imputación.
Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer en 2017 y que alteró la ley de puertos benefició a empresas del sector, entre ellas Rodrimar, a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.
El informe final de la investigación sobre el escándalo de los puertos fue remitido al magistrado Luis Roberto Barroso, responsable por el caso en la Corte Suprema, quien divulgó ayer una decisión judicial en la que dio a conocer las conclusiones de la Policía Federal.
En su decisión, el magistrado le pide a la Fiscalía que analice los indicios recogidos por la Policía Federal y determine si pide la imputación de los acusados y la apertura de un juicio o el archivo del caso.
En la lista de acusados a los que se les pide su imputación, encabezada por Temer, la Policía incluyó a una de las hijas del mandatario, Maristela Temer; al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, un viejo amigo del mandatario; y al exdiputado Rodrigo Rocha Loures, quien fue asesor especial del jefe de Estado.
La Policía Federal también le pidió a la Corte Suprema que ordene la detención preventiva de Lima Filho y de otros tres de los investigados para evitar su posible fuga o la destrucción de pruebas.
Tras 13 meses de investigaciones, la Policía concluyó que las empresas Rodrimar y Libra, dos de las beneficiadas por el decreto de Temer, pagaron a cambio millonarios sobornos mediante una operación financiera que utilizó como intermediarias empresas de propiedad de Lima Filho.
De acuerdo con la Policía Federal, las empresas del amigo de Temer financiaron, entre otras cosas, una millonaria reforma arquitectónica en la residencia de la hija del jefe de Estado que fue pagada con dinero en efectivo.
En su defensa, enviada por escrito, el presidente alegó que su decreto no favoreció indebidamente a ninguna empresa; que jamás recibió sobornos por sus actos como gobernante y que Lima Filho no estaba autorizado a recibir dinero en su nombre.
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