
LAURA NÚÑEZ MARÍN
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La comunidad internacional comenzó a movilizarse ante la crisis en Venezuela, con el anuncio de reuniones de urgencia del Mercosur y la OEA, mientras se registran tímidas manifestaciones en el país, donde incluso la fiscal general, Luisa Ortega, admitió que hay una ruptura del orden constitucional.
Después de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, por la que asume las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, varios Gobiernos insisten en llamados a adoptar medidas para promover la democracia, el diálogo y el reencuentro entre los venezolanos.
Las reacciones internacionales contrastan con la tensa calma en Venezuela, donde las manifestaciones de rechazo han sido escasas y con poca afluencia tanto de opositores como de simpatizantes del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que celebrará una sesión extraordinaria el lunes sobre los recientes eventos en Venezuela y votará una resolución que declara que la decisión del Tribunal Supremo de asumir las facultades de la Asamblea Nacional es una alteración del orden constitucional
Mientras el Mercosur convocó para hoy a los cancilleres de los países miembros para analizar las posibles vías de solución y reiterar su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Venezuela era miembro de pleno derecho del Mercosur hasta diciembre pasado, cuando fue cesado en sus derechos.
Sorpresiva fue la declaración de la fiscal general Ortega, quien dijo que en las sentencias del Supremo "se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución lo que constituye una ruptura del orden constitucional".
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le salió al paso a esa declaración y aseguró que la única ruptura del orden constitucional ocurrió en 2002 cuando la oposición encabezó el "golpe de Estado" en abril de ese año contra Hugo Chávez, además convocó anoche al Consejo de Defensa de la Nación para "resolver" el "impase" que generó la posición de la Fiscalía.
Entre los venezolanos el ambiente es de apatía, desinformación y miedo, algunos por desconocimiento de la sentencia y otros porque pese a saber del tema ya no protestan, porque "solo se han logrado muertes, detenciones y reforzamiento del chavismo".
Reacciones
Desde afuera las voces han sido más fuertes, como la decisión de Perú de retirar definitivamente a su embajador en Venezuela.
El presidente, Juan Manuel Santos, calificó de inaceptable la situación y pidió que cualquier transición sea pacífica, al tiempo que la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, confirmó que el embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, fue llamado a consultas, por lo que se queda indefinidamente en el país.
La decisión de llamar a consultas al embajador implica prácticamente el paso previo a un posible rompimiento de las relaciones diplomáticas. Por ahora, el tiempo del embajador en Colombia es indefinido.
En Panamá, el mandatario Juan Carlos Varela anunció que propondrá a Maduro que un grupo de países acompañe el diálogo para que de una vez por todas ambas partes se sienten y se den las elecciones democráticas en Venezuela.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ofreció la colaboración de su país para que Venezuela pueda retomar el diálogo y retornar al camino del derechos y la plena democracia.
El mandatario Enrique Peña Nieto dijo que México no puede permanecer indiferente, como no lo hizo en 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al Gobierno constituido del entonces presidente Hugo Chávez.
Ecuador, aliado del Gobierno venezolano, alentó al diálogo, a través de la Unasur, para superar el impase entre poderes del Estado y rechazó cualquier intento de desestabilización promovido desde instancias internacionales.
Bolivia expresó su solidaridad y apoyo incondicional a Venezuela al considerar que afronta un nuevo ataque y acoso político que busca desestabilizar al Gobierno.
En cambio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la grave injerencia del Tribunal Supremo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al Gobierno y a la oposición a reactivar el diálogo y subrayó la importancia de la separación de poderes.
España defendió un diálogo "urgente, inclusivo y efectivo" en un contexto de "escrupuloso respeto" al Estado de Derecho.
Alemania acusó a Maduro de convertir a la población en "rehén de sus propias ambiciones", mientras Rusia pidió que el diálogo se imponga sobre la confrontación y consideró que ninguna fuerza externa debe "echar más leña al fuego".
La SIP rechaza ataque a corresponsal
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la "brutal" agresión a la corresponsal de Caracol Radio y Univisión, Elyangélica González, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en cercanías del Tribunal Supremo de Justicia. Un vídeo que circula en las redes sociales muestra el momento en que miembros de la GNB tiran al suelo, patean y arrastran del pelo a la periodista, que cubría una manifestación estudiantil.
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