EDUARDO DAVIS
EFE | LA PATRIA | BRASILIA
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estuvo ayer a punto de salir de la cárcel gracias a una medida cautelar dictada por un juez del Supremo, que fue finalmente anulada por el presidente de ese tribunal, Antonio Dias Tóffoli.
La puerta de la celda en que Lula está recluido desde abril parecía abrirse ayer con una polémica medida dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 196 mil 300 personas en Brasil.
Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión solo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia.
Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada este año en una ajustada votación que acabó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia.
Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia.
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados por corrupción.
Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada se "consagraría la impunidad".
El Partido de los Trabajadores (PT) se movió con rapidez y llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder.
"Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte", alegaron los abogados de Lula.
Sin embargo, la jueza responsable del caso supeditó la libertad de Lula a la posición que adoptaría sobre el asunto la Fiscalía General.
Ese organismo lo hizo de hecho, pero con una apelación que presentó contra la cautelar apenas unas horas después de que fue dictada y que fue finalmente negada por Dias Tóffoli.
En su sentencia, el presidente de la Corte Suprema coincidió con la Fiscalía General en que una excarcelación cautelar de aquellos que serían beneficiados podría "causar una grave lesión al orden, a la salud, la seguridad y la economía pública".
Dias Tóffoli explicó además que no podía dar lugar a una cautelar que "contraría una decisión soberana ya tomada por la mayoría del pleno" del Supremo, tanto en 2016 como este mismo año.
También consideró que el asunto no requería "ninguna urgencia" como para ser decidido en forma cautelar, sobre todo cuando ya ha sido anunciado que la Corte Suprema volverá a discutir el asunto de la prisión después de la segunda instancia en una sesión prevista para abril.
La situación jurídica suscitada ayer fue similar a la que sacudió a Brasil en julio, cuando un juez de guardia un domingo en el tribunal de segunda instancia que condenó a Lula, dictó una cautelar en el mismo sentido de la dictada ayer por el magistrado Mello, pero solo en beneficio del exmandatario. Esa decisión fue anulada ese mismo día.
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