La Jueza 16 de Control de Caracas, Dalenys Tovar, ratificó en la madrugada del jueves la medida de privación de libertadcontra el dirigente opositor y máximo responsable de los hechos de violencia que han ocurrido en Venezuela en los últimos días, Leopoldo López, tras concluir la audiencia de presentación.
La decisión fue confirmada por Bernardo Pulido, uno de los abogados defensores de López quien señaló además que la detención de su cliente se decretó por 45 días en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en el estado Miranda.
En ese período, de acuerdo con la legislación venezolana, la Fiscalía recolectará todas las pruebas y evidencias que serán presentadas en la próxima audiencia y que fundamentarán la acción penal por los cuatros delitos que le fueron imputados al dirigente opositor.
Según trascendió a la prensa, éstos son: asociación para delinquir, instigación, incendio y daños a bienes públicos, con los cuales se le puede imputar hasta con 10 años de privación de libertad.
También el abogado dio a conocer queno se le imputó por los homicidios de Juan Montoya, Bassil Da Acosta y Roberto Redman, las tres víctimas mortales del pasado 12 de febrero cuando López convocó a sus seguidores a las calles para provocar actos desestabilizadores contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
El acto finalizó cerca de la 1:30 am, hora local, y según el concejal Tirso López, coordinador de Voluntad Popular en el municipio Los Salias, quien estuvo en la penitenciaría durante la audiencia, la defensa cuenta con cinco días para apelar la decisión de la jueza.
Mientras tanto, dirigentes opositores continúan el llamado a las protestas que culminan en actos violentos, como es el caso de la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quienes han afirmado que organizan una "agenda de lucha" donde están contempladasmanifestaciones en apoyo a Leopoldo López y contra la Revolución Bolivariana.
Frente a este escenario el gobierno revolucionario ha tomado medidas para garantizar la seguridad ciudadana e incluso proteger la vida del dirigente del ala más radical de la derecha venezolana, del partido Voluntad Popular, quien ha recibido amenazas por parte de militantes de la propia oposición nacional.
Dentro de éstas acciones adoptadas por el Estado destaca la suspensión de manera temporal del porte de armas blancas y de fuego en el estado Táchira, uno de los territorios fronterizos con Colombia más azotados por la violencia.
La medida fue publicada este jueves en la Gaceta Oficial para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los venezolanos y fue establecida por los ministerios de Defensa y de Relaciones Interiores,Justicia y Paz.
La norma estipula que quedan excluidos de la resolución los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb); los funcionarios de los cuerpos de policía que estén prestando servicio de policía; los funcionarios de organismos de seguridad del Estado; el personal que cumpla labores de custodia y traslado de dinero en las empresas de transporte de valores; el personal de seguridad adscrito a órganos, entes, instituciones u organismos públicos nacionales y sedes diplomáticas, cuando estén cumpliendo funciones específicas debidamente autorizadas por el Comando Estratégico Operacional (CEO) y la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fanb.
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