EFE | LA PATRIA | GUATEMALA
Al colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los indignados le apodan "el temible" y ese miedo que infunde allá por donde pasa llevó al presidente, Jimmy Morales, a declararlo persona "non grata" y pedirle que abandonara ayer el país.
La decisión de Morales provocó manifestaciones en las calles de Guatemala y la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de tres de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy.
Además, por no expulsar a Velásquez, Morales destituyó al canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller Carlos Ramiro Martínez, quienes habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que el colombiano abandonase Guatemala.
En un mensaje a la nación, emitido por el canal del Gobierno, Morales ratificó ayer su decisión de expulsar del país a Velásquez al asegurar que "se excedió" en sus facultades al presionar al Congreso y a los jueces a través de los medios de comunicación.
Esto a pesar de que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al comisionado que ha dejado en suspensión la expulsión del jurista colombiano.
Perfil
Velásquez (Medellín, Colombia; 1955) es un hombre con una misión. O era. Limpiar la podredumbre que rodea a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas, y combatir el crimen organizado.
Desde que asumió el mandato de la Cicig en el año 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en 2007, su mensaje en favor de la Justicia y en contra de la impunidad no titubeó.
Durante 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retirara la inmunidad y emitiera una orden de captura.
Desde entonces, Velásquez, junto a su "fiel seguidora" la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno que involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, y otro al propio mandatario. Probablemente el punto de inflexión para echarlo del país.
Toda esta lucha no es ajena para el exjuez colombiano Velásquez, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos. En su país se dio a conocer como el "magistrado estrella" del escándalo de la parapolítica.
En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde en conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.
Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir de 2006 hasta agosto del 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a 50 congresistas.
También reveló la vinculación de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".
Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien ayer en su cuenta de la red social Twitter escribió: "Guatemala se demoró en expulsar a Iván Velásquez quien hace de la justicia un ejercicio político".
Velásquez, quien estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados "Colegas", donde adelantó campañas contra el entonces denominado "Estatuto de defensa de la justicia", que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.
Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, y también impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, Iglesia católica y autoridades.
En 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, que amenazó con renunciar si se expulsa a Iván Velásquez, se mantiene en el cargo esperando la decisión final de la Corte de Constitucionalidad, mientras la Unión Europea y Estados Unidos han advertido que tendrá consecuencias para Guatemala si se llega a ese extremo.
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