Gobierno argentino afronta críticas por malversación de fondos

La oposición acusó ayer al Gobierno argentino de "falta de control" de los fondos públicos a raíz del caso de malversación y lavado de dinero por el que fueron detenidos exdirectivos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

"Ha habido un desfalco de 240 millones de pesos (53,8 millones de dólares) dicen los diarios, y la presidenta (Cristina Fernández) y todos sus funcionarios le dieron la plata" al exapoderado de la fundación Sergio Schoklender "sin ningún control", afirmó el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri.

Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quedó detenido el martes pasado por orden del juez Norberto Oyarbide, quien también dispuso el encarcelamiento de Pablo Schoklender, hermano de anterior, y del contable Alejandro Gotkin.

Todos ellos están acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos por al menos 70 millones de pesos (unos 15,6 millones de dólares) asignados para el plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" de la fundación, dijeron portavoces judiciales a la prensa local.

"¿Qué pasa, juez, no hay ninguna responsabilidad? Nadie votó a Schoklender, no se presentó a ninguna elección", subrayó Macri, quien a su vez es investigado por Oyarbide en una causa por escuchas telefónicas ilegales.

"Claramente acá hay un manejo que preocupa", insistió Macri al poner en tela de juicio la independencia del magistrado.

Mientras, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza política del país, analiza si replantea su propuesta del año pasado para que se cree una comisión en el Parlamento, que está controlado por el oficialismo, destinada a investigarlo ocurrido, dijeron sus portavoces a Efe.

La necesidad de una investigación "profunda" del caso es también defendida por la opositora Coalición Cívica, indicó a su vez la exdiputada Elsa Quiroz, dirigente de la fuerza que reúne a sectores de centroderecha, centroizquierda e independientes.

La exlegisladora también aludió a la causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga si hubo incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y sobreprecios en los planes de vivienda que manejaba la organización humanitaria con fondos del Estado.