EFE | LA PATRIA | SAO PAULO
El Gobierno del estado brasileño de Espíritu Santo, en el sureste del país, y asociaciones que representan a la Policía Militarizada acordaron terminar la huelga que comenzó el sábado y provocó una crisis de seguridad con al menos 121 muertes violentas.
En el acuerdo está previsto que la huelga termine a las 7:00 de la mañana de hoy, hora en la que volverán a las actividades, según declaró el secretario de Derechos Humanos de Espíritu Santo, Julio César Pompeu, en una rueda de prensa.
Pompeu aseguró que los agentes que secundaron el paro no sufrirán sanciones disciplinarias.
No obstante, el secretario dejó en el aire la retirada total de los cargos presentados por el Gobierno del estado contra unos 700 policías por el delito de revuelta, cuya pena puede llegar a los 20 años de prisión.
"Aquellos que fueron presentados, ya están presentados y esas investigaciones van a seguir su curso normal", apuntó Pompeu.
El acta de la reunión mantenida entre las partes, filtrada por el diario O Globo, señala que el pacto es extensible a todas las unidades en todo el estado de Espíritu Santo.
El documento también recoge el compromiso de crear una comisión para estudiar la carga horaria de trabajo de los policías y los bomberos militarizados con un plazo máximo de 60 días para presentar los resultados.
Desde el comienzo de la huelga, el sábado pasado, la ausencia de las patrullas en las calles ha provocado una ola de violencia que se ha saldado con al menos 121 personas muertas, saqueos y un incremento de los robos, según datos del Sindicato regional de los Policías Civiles.
En Río
La crisis amenazaba con extenderse a otras zonas del país, como Río de Janeiro, donde varios batallones permanecieron ayer acuartelados.
Como ya ocurrió en Espíritu Santo, decenas de familiares de los policías militares se manifestaron frente a las puertas de varios cuarteles de Río de Janeiro y Belem, la capital de Pará (norte), en demanda de mejoras salariales y de una revisión de sus condiciones de trabajo.
Las protestas reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados del país, que han retrasado el pago de los salarios de los funcionarios públicos y han congelado sus percepciones laborales.
En Río, las concentraciones se sucedieron desde primera hora en varios cuarteles del norte y centro de la ciudad y en Campo Grande y otras localidades de la llamada Baixada Fluminense, entre las zonas mas violentas del estado.
En conjunto, 27 batallones registraron protestas, aunque solo cuatro fueron bloqueados y el 95% de los efectivos trabaja con normalidad, de acuerdo con un informe de la Policía Militarizada, que se ocupa de la seguridad en las calles.
La protesta, encabezada por esposas de los agentes -quienes por su estatus militar no pueden participar en huelgas-, provocó algunos cortes en el tránsito, pero no se tradujo en incidentes.
Un portavoz de la Policía Militarizada admitió ayer que las tropas están "insatisfechas", pero garantizó el "diálogo" con el Gobierno regional para llegar a un acuerdo sin necesidad de huelga.
En un intento por frenar el malestar de los policías, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, anunció esta semana una subida del 10,22% para funcionarios de seguridad y educación.
Pezao, debilitado después de que la justicia regional electoral haya pedido su cese por abuso de poder, es el blanco de frecuentes movilizaciones de funcionarios en demanda del pago de los salarios adeudados.
La posibilidad de una huelga de la Policía en Río de Janeiro, entre las ciudades más peligrosas del país, en vísperas del Carnaval -que atraerá a 1,5 millones de turistas- podría provocar un caos sin precedentes en el estado, que declaró "calamidad financiera" el pasado junio.
Las protestas se extendieron también ayer Belem (noreste), donde cientos de familiares de agentes se movilizaron y bloquearon las salidas de los cuarteles, aunque no han alcanzado la gravedad de la situación creada en Espíritu Santo.
Los 10 mil miembros de la Policía Militarizada de Espíritu Santo perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares).
Aunque la Policía es una competencia de los distintos estados del Brasil, la crisis de seguridad contribuye al desgaste del Gobierno de Michel Temer, que ya acusó el impacto de las matanzas registradas a principio de año en varios presidios del norte de Brasil que destaparon las graves deficiencias del sistema penitenciario.
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