Extradición de Toledo tardará alrededor de un año

ÁLVARO MELLIZO

EFE | LA PATRIA | LIMA

La extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo entró ayer en su fase definitiva tras ser arrestado en su residencia de California y quedar a disposición de la Justicia estadounidense, que decidirá si lo entrega a su país, acusado de corrupción.

La libertad de quien gobernara Perú entre 2001 y 2006 quedó en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las acusaciones de haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente.

Hasta la fecha, Toledo era prófugo de la Justicia peruana, que en febrero del 2017 ordenó su detención preventiva mientras era investigado por los supuestos sobornos que recibió de la constructora brasileña.

Desde ese momento, el exmandatario se refugió en su residencia californiana, cerca de la ciudad de San Francisco, sin ocultarse del ojo público, pero alejado de las garras de la Justicia de su país, beneficiado del lento y minucioso trámite burocrático que requiere un proceso de extradición desde EE.UU.

De hecho, en marzo Toledo fue arrestado cerca de su domicilio por un caso de embriaguez y no pasó más que una noche en el calabozo de una comisaría, un caso que el expresidente calificó de "complot" y que negó hasta que las autoridades confirmaron el hecho.

Sin embargo, esta detención sí implica que finalmente los trámites de extradición culminaron y que la Justicia de EE.UU asumió, entre otras cosas, que hay causa probable de que Toledo hubiera cometido actos ilícitos reconocidos como tales en su jurisdicción, entre otros aspectos.

Proceso

El próximo viernes, el mismo tribunal federal de California que ayer ordenó mantener en prisión al exmandatario analizará si el proceso de extradición se seguirá con Toledo preso o en libertad bajo fianza.

Lo más probable es que a principios de la semana próxima otro tribunal analice un pedido de hábeas corpus, que el expresidente está habilitado a presentar si cree que sus derechos fueron vulnerados.

Luego habrá que esperar una resolución sobre si Toledo regresará a Perú o no que, según valoró el ministro de Justicia de Perú, Vicente Zeballos, tardará "alrededor de un año".

"Este es un procedimiento que está siguiendo el proceso regular, primero ha llegado al Departamento de Estado, luego al de Justicia, y ahora está en el fuero ordinario de la justicia norteamericana", indicó el ministro.

Desmentido

Toledo siempre ha defendido que las acusaciones en su contra son una mentira, fruto de la "persecución política" que sufre por sus "enemigos", aun cuando cada vez se corroboran más pruebas que apuntan a que recibió dinero de Odebrecht y utilizó mecanismos de blanqueo para ocultar su origen.

Fue el exresponsable de Odebrecht en Perú Jorge Barata quien primero confesó a la Fiscalía que la empresa pagó entre 2004 y 2010 varios millones de dólares a Toledo a cambio de favores como la adjudicación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.

Ese dinero se entregó a su antiguo amigo y supuesto testaferro, el empresario Josef Maiman, quien también confesó a la Justicia peruana que ayudó a blanquear las coimas y que Toledo recibió hasta 35 millones de dólares de Odebrecht, corroborando los dichos de Barata.

Tanto Barata como Maiman llegaron a acuerdos de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía de Perú.

Presos

El escándalo de corrupción generalizada que Odebrecht desarrolló en Perú afecta a la élite política del país. A Toledo, ahora detenido, se suman los también expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), quien pasó nueve meses en prisión preventiva y sobre el que pesa un pedido de 20 años de cárcel, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien fue forzado a dimitir por sus relaciones con la empresa brasileña y que hoy se encuentra en arresto domiciliario en Lima.

Así como el exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de un disparo en la cabeza cuando iba a ser arrestado por las investigaciones del caso Lava Jato; y Keiko Fujimori, líder de la oposición que cumple prisión preventiva desde octubre, mientras que su padre, Alberto Fujimori fue sentenciado por violaciones de los derechos humanos y corrupción.