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La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, anunció que hoy se desarrollará en esa corporación la votación final de la Ley de Comunicación, presentada por el gobierno de Rafael Correa y con la que se pretende establecer un marco normativo y de regulación para los medios de comunicación en ese país.
Esta regulación, pendiente de la legislatura anterior, tiene por objeto garantizar el ejercicio y la vigencia de los derechos a la comunicación y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, según el texto del Gobierno de Rafael Correa. Los medios privados, en cambio, llaman a la iniciativa “la Ley Mordaza” y aseguran que está en peligro la libertad de información, así como el libre acceso a la información pública.
El Parlamento votará uno por uno el centenar de artículos de la propuesta, que reduciría sustancialmente el espacio del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión, por lo que el proceso podría tardar varios días.
Para el gobierno, esta ley busca la democratización de la comunicación y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Rafael Correa ha asegurado en distintas ocasiones que en el articulado se garantiza que comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y diferentes colectivos puedan acceder al espectro radioeléctrico de las frecuencias para las emisoras de radio.
Además, La norma crea un Consejo de Regulación, que tendrá en sus competencias la sanción administrativa a los medios de comunicación que incurran en faltas a la ley.
Sin embargo, no se encuentran definidos los protocolos bajo los cuales actuaría ese consejo y algunos periodistas han señalado el riesgo de que se convierta en un mecanismo que promueva la autocensura.
El trámite de la iniciativa, que comenzó en agosto de 2009 con la presentación de un antreproyecto, finalizaría hoy luego de 46 meses de un debate en el que los medios ecuatorianos expusieron su preocupación por considerar que se trata de una herramienta de censura que legitima los intereses de Correa.
En un comunicado emitido por la Embajada de Ecuador en Bogotá, el gobierno de ese país asegura que el Consejo de Regulación "es un mandato ciudadano" y agrega que la ley estipula que "todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio".
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