El futuro de Rousseff depende de 513 diputados

EDUARDO DAVIS

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde ayer en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.

La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró cerca de 11 horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.

La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien reafirmó ayer el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.

En su informe, Arantes aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

En la sesión de ayer, fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras faltas administrativas, que no bastarían para una destitución.

Según Cardozo, el proceso está viciado, es nulo y viola el derecho a la debida defensa, por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la estatal Petrobras, ajenas a la acusación.

"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró.

Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.

Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren ante el Congreso cientos de miles de manifestantes, las autoridades terminaron de instalar ayer unas enormes vallas en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra a todo el poder público.

Las vallas tienen dos metros de alto, un kilómetro de longitud y pretenden separar a los adversarios y defensores de Rousseff, que ocuparán lados distintos a lo largo de esas cercas de seguridad.

Así se definirá

En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición.

No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas, pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.

En caso de que el pleno de la Cámara baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político contra Rousseff.

Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.

El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.

Sin embargo, Temer está bajo la amenaza de un juicio político, por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.

El propio vicepresidente agitó ayer todavía más la crisis con un audio divulgado, según su oficina de prensa, por un "error".

En esa grabación, Temer habla como si el plenario de la Cámara baja ya hubiera recomendado al Senado procesar a Rousseff y parece dar como un hecho una inminente destitución de la mandataria.

Destacado

38 diputados avalaron el informe que indica que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.