EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
La Justicia argentina desestimó ayer la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas.
El magistrado Daniel Rafecas rechazó abrir investigación sobre las acusaciones de Nisman, aunque la decisión aún puede ser apelada.
El análisis de las evidencias presentadas junto con la denuncia: "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descrito como una supuesta maniobra de encubrimiento y/o entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní", según la resolución del juez.
"Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto plan criminal denunciado", considera Rafecas.
"De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", continúa el texto.
El fiscal especial de la causa por el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 había acusado a la presidenta, al canciller argentino, Héctor Timerman, y a varios colaboradores por supuestamente orquestar un plan para exculpar a los sospechosos iraníes del ataque.
Nisman presentó la denuncia cuatro días antes de morir de un disparo en la sien en su domicilio de Buenos Aires en circunstancias aún no aclaradas.
El fiscal Gerardo Pollicita tomó la denuncia y el pasado 13 de febrero solicitó a Rafecas la imputación de Cristina Fernández y del resto de acusados por Nisman.
Para Rafecas, analizadas las evidencias, queda claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito apuntadas por Pollicita en su requerimiento se sostiene mínimamente. Pollicita anticipó que apelará la decisión del juez.
Sigue el duelo
El dictamen de Rafecas supone un balón de oxígeno para el gobierno de Fernández, que en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente enfrentado al Poder Judicial a raíz no solo de la denuncia de Nisman sino de varias causas que la salpican a ella y altos cargos como el vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado por corrupción y falsificación de documentos. La propia presidenta, que sostiene que los jueces y fiscales actúan como un partido político opositor, enfrenta acusaciones directas en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades financieras en una empresa hotelera Hotesur, de la que es accionista.
Destacado
La presidenta a ocho meses de finalizar su segundo mandato, realizó ayer dos designaciones. Jorge Capitanich, hasta ahora jefe de Gabinete, será sustituido por Aníbal Fernández, actual secretario de Presidencia, cargo que pasará a manos de Eduardo Wado de Pedro, dirigente de la organización juvenil kirchnerista La Cámpora, bastión del voto joven oficialista.
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