Control de las armas en EE.UU. vuelve a estancarse

EFE | LA PATRIA | WASHINGTON

Aunque la matanza de Orlando (Florida) que la semana pasada dejó 50 muertos, incluido el atacante, en el tiroteo más mortífero de la historia de EE.UU. ha reabierto la presión pública para aumentar el control de las armas de fuego en el país, el Senado rechazó ayer cuatro medidas encaminadas a ese fin.

En cuatro votaciones que tuvieron un tono marcadamente partidista, con los demócratas votando contra las dos medidas propuestas por los republicanos y viceversa, ninguna de las enmiendas alcanzó los 60 sufragios mínimos para salir adelante.

El rechazo del Senado a aumentar el control de las armas de fuego se produjo dos días después de que este sábado el presidente de EE.UU., Barack Obama, llamara a actuar y asegurara que no hacer nada después de tragedias como la de Orlando es "inexcusable".

Lo ocurrido ayer fue la constatación de un patrón que viene siendo habitual tras los últimos tiroteos masivos en suelo estadounidense, ya que tanto después de la matanza en una escuela de Newtown (Connecticut) en 2012 y de la de San Bernardino (California) el año pasado, el Senado votó sobre medidas de estas características, rechazándolas en todos los casos.

Dos de las medidas que se votaron ayer (una demócrata y otra republicana) eran bastante similares en cuanto a su objetivo, impedir que personas investigadas por terrorismo puedan comprar armas, pero diferían en la forma, ya que la demócrata otorgaba ese poder al Gobierno federal y la republicana lo dejaba en manos de los jueces.

Para comprender mejor las implicaciones de una diferencia tan aparentemente menor, pero que hizo que ninguna de las dos medidas prosperara, cabe recordar que el derecho a poseer y portar armas está recogido en la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. y es, por tanto, un derecho constitucional de todo estadounidense.

Los republicanos, por lo general reacios al exceso de poder gubernamental, no conciben que el Gobierno federal pueda negar a alguien un derecho constitucional y consideran que ello debe ser en todo caso tarea de los jueces, mientras que los demócratas creen que dejarlo en manos de la justicia ordinaria haría la medida poco efectiva.

La tercera propuesta, presentada por los republicanos, hubiera dificultado que los historiales de las personas con enfermedades mentales pudieran ser añadidos a bases de datos de potenciales compradores de armas, lo que a priori debería contribuir a que estas no acabaran en manos de gente con estos padecimientos.

Además, se hubieran aumentado los fondos federales para el actual programa de control de antecedentes para potenciales compradores de armas.

La última propuesta, presentada por los demócratas, hubiera requerido a todos los compradores de armas del país pasar antes una comprobación de sus antecedentes, algo que hoy en día no sucede en todos los estados.