EFE|LA PATRIA|REDACCIÓN INTERNACIONAL
La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, decisión por la que el Gobierno español dijo que adoptará "medidas contundentes".
Tras una reunión del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, el Ejecutivo de Madrid condenó la "decisión arbitraria" tomada por Argentina, e informó de que tomará las decisiones que considere convenientes en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas.
El titular de Exteriores leyó una declaración del Ejecutivo español en la que se afirma que la decisión argentina "rompe el clima" de tradicional amistad y cordialidad en las relaciones entre ambos países y añade que España tomará medidas "claras y contundentes".
El ministro español de Exteriores dijo que el Gobierno se puso en contacto con la UE para pedirle que se trate el conflicto en Estrasburgo en la sesión del Parlamento Europeo. El negocio de YPF representa algo más del 50 % de la producción total de hidrocarburos de la petrolera española Repsol y alrededor del 40% de sus reservas.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, dijo que "una expropiación del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios" en el país suramericano.
Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntó, desde Ginebra, que solo podría pronunciarse sobre la expropiación si la Unión Europea planteara una demanda.
Además, México, que tiene la Presidencia de turno del G20, espera que España le informe de las medidas que desea que el grupo adopte, aunque el secretario de Economía de ese país, Bruno Ferrari, dijo que su país considera prematuro definir si este asunto tendrá impacto en el reciente acuerdo de colaboración entre Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras el anuncio del Gobierno argentino, la cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en las Bolsas de Buenos Aires, Nueva York y México.
En un acto celebrado ayer en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos.
De las acciones expropiadas, el 51% pasará a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirán entre las provincias, según el proyecto legislativo.
Los objetivos de Argentina
La presidenta Cristina Fernández dijo que su propuesta intenta poner fin a "una política de vaciamiento" de YPF, "con no producción y no exploración", lo que, en su opinión, convertiría a Argentina "en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales".
La presidenta decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la dirección de la compañía, con la ayuda del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación.
La importancia para el Ejecutivo de Fernández radica en que YPF es una de las mayores empresas argentinas, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.
El anuncio de la expropiación se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.
Desde enero, cuando comenzó el conflicto, los títulos de la petrolera han acumulado una caída del 26,58 % y su capitalización bursátil es de unos 11.000 millones de dólares.
Fundada en 1922, 15 años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal.
La empresa cayó en la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por unos dos mil millones de dólares.
En abril de ese mismo año, Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital, que supuso valorar la compañía en unos 13.400 millones de dólares.
En 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9 % de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10 % adicional.
YPF, participada en un 57,43 %por Repsol y un 25,46% por el grupo argentino Petersen, vio cómo en las últimas semanas seis provincias argentinas revocaron una quincena de licencias para operar y otras dos la conminaron a aumentar sus inversiones bajo amenaza de cancelarle permisos de explotación.
La petrolera Repsol señaló ayer que la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51% de YPF, controlada en un 57,4% por la española, es "manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria", y que la empresa llevará a cabo las medidas legales que procedan.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol añade que se reserva todos los derechos y acciones "conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España".
La petrolera afirma que no se justifica "la utilidad pública" que se persigue con esta decisión, que supone un "patente incumplimiento" de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF y que "viola los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".
Ante esto, Repsol dice "que llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas".
Repsol detalla que su participación del 57,43 % en YPF tenía un valor patrimonial de 4.122 millones de euros al cierre de 2011. Adicionalmente, la petrolera recuerda que mantiene un préstamo con el grupo Petersen valorado en 1.542 millones de euros.
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