LA PATRIA | MANIZALES

Luis Enrique Toro Murillo, quien hizo parte de las Auc del Magdalena Medio y se desmovilizó, quería sacar en limpio a su hermana, Carmela, y a Ninny Jhoana Rentería Rueda.

El sujeto, apodado Jabalí, aceptó el jueves cargos por diferentes delitos, al ser el líder de una banda que se autodenominó Nuevas Autodefensas o Marqueteños, que llevó entre 2020 y 2021 inseguridad al oriente de Caldas, especialmente Marquetalia y Samaná.

Cuando le dio el sí al juez se alargó en su intervención y expresó que ni Carmela, ni Ninny Jhoana tenían relación con ese entramado delictivo. El juzgador le explicó que en esa etapa procesal solo estaban verificando el allanamiento a cargos. Nada más.

Minutos después, el togado les hizo la misma pregunta a ambas mujeres y ellas sin titubear aceptaron los delitos y esperan sentencia como cómplices. En este mismo proceso condenarán también a Luis Carlos Bedoya Ospina, alias Samaná (otro desmovilizado), y Juan Carlos Córdoba López, apodado Comando o Juancho.

A los hombres los acusaron por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, utilización de prendas de uso privativo, uniformes e insignias; y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Cuando los capturaron les encontraron armas, cartuchos, prendas y material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, y teléfonos celulares.

Denuncias

Estas aprehensiones se dieron luego de que tres personas, habitantes del oriente caldense, denunciaron que eran víctimas de extorsiones y amenazas, y pagaban entre $100 mil y $500 mil de vacuna.

Durante 7 meses de investigación se evidenció un caso de un prestamista de Marquetalia, quien aseguró que Comando se movilizaba con unas 15 personas por las veredas del municipio, usando uniformes de la Fuerza Pública y armas de fuego.

Según narró, en varias oportunidades recibió llamadas en las que le exigían vacunas a cambio de no hacerle daño.

Los pagos debían hacerlos en una casa de la vereda La Florida, en donde vivía uno de los delincuentes, con su compañera sentimental, Ninni Jhoana.

Otro afectado fue un minero, quien denunció que un día mientras trabajaba sacando oro del río llegaron varias personas que se identificaron como integrantes de las Auc. Le exigieron la entrega de dos gramos de oro semanal.

Incluso algunas víctimas tuvieron que desplazarse del sitio donde vivían, ante las amenazas por el no pago del dinero exigido. Todo esto ocurría, mientras las autoridades de Caldas negaban una y otra vez que en el departamento hubiese grupos ilegales.

El juez aclaró el jueves que a los procesados se les reconoce descuento de hasta el 50% porque aún no se ha presentado la acusación y por extorsión solo porque indemnizaron a las víctimas reconocidas en este proceso, que son 5, según se explicó en la audiencia. Ellas recibieron $24 millones, entre todas, como se verificó con documentos firmados por los afectados y telefónicamente durante la diligencia.

La pena para los hombres se conocerá el 20 de octubre y sería de unos 8 años de prisión. El 9 de noviembre, el abogado de las mujeres demostrará por qué merecen la prisión domiciliaria como cabeza de hogar. Su sentencia podría ser de 2 años.

Más casos

• -El 28 de febrero del 2020 llamaron a una persona para una cita en el sector de El Mangón. Supuestamente para cuadrar una colaboración, pero era extorsión. A la semana siguiente fue abordado por un prestamista, quien le contó que le había pasado lo mismo.
• -Después lo citaron a la vereda La Lituania y le advirtieron que no faltara y que no llamara a la Policía. Acudió y le salieron personas armadas y con impermeable. Luego lo llevaron donde otra, con camuflado y fusil. "Me indicaron que cuadráramos la plata que les iba a dar, que ellos la usarían para botas, uniformes y comida. La cuota era de $500 mil y que si no pagaba me mataban a mí y a mi familia. Debía cancelar en los cinco primeros días de mes. En la mañana siguiente Carlos fue por esa plata y me expresó que nos veíamos el otro mes".
• -En julio del 2020 lo llamó Carmela y le dijo que debía bajar donde Carlos. Fue, estaba tomando con otras personas y este le recriminó que porque no le había vuelto a dar la cuota. El extorsionado explicó que era por la situación de la pandemia. Se comprometió para agosto. Ya en ese mes Carmela lo llamó varias veces, pero tampoco pudo pagar. Otro de los del grupo se lo llevó para el Polideportivo, lo presionó por no cancelar y le indicó que a los que no cumplían los mataban.
• -Finalmente en septiembre pudo dar $150 mil, que era lo único que tenía. Carlos le pidió listado de prestamistas de Marquetalia. Luego le subieron la exigencia a $400 mil y siguió pagando. Sus aportes sumaron unos $5 millones.
• -En junio del 2020, una víctima fue abordada en su finca de la vereda La Florida por tres hombres que lo obligaron a abandonar la región, en menos de 24 horas, so pena de hacerlo daño. El 10 de ese mes se fue, dejando todo. Dos meses después le pidió a un conocido que fuera a darle vuelta a la finca (El Ventarrón), pero ya no había nada. Le robaron todo. Días después uno de los de ese grupo le indicó al amigo del desplazado que no podía estar en ese predio, porque ya les pertenecía. Que si quería quedarse debía pagar $10 millones. Negociaron en $5 millones de contado y $5 millones en cuotas.
• -A otro prestamista lo convocaron a un reunión en el puente sobre el río La Miel. Si no iba le hacían daño. Fue y los
• tipos que lo esperaban sacaron unos fusiles de un matorral y llevaban revólveres en la cintura. Le explicaron que eran del Clan del Golfo, de las Nuevas Auc, y que tenían gente distribuida por todo el oriente. Que sabían que era gota a gota y que si no contribuía tenía que irse del pueblo. "Los que llevarán del arrume serán sus familiares", le expresaron. Le pidieron $200 mil para arrancar y dar una cuota igual cada principio de mes.
• -A uno más lo "vacunaron", indicó que miraría qué vender para pagar, pero al hablar con la esposa decidieron regresarse para Manizales.

Fotos | LA PATRIA

Luis Enrique Toro Murillo, de 38 años; Luis Carlos Bedoya Ospina, de 45; y Juan Carlos Córdoba López, de 32; pagarán por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, utilización de prendas de uso privativo, uniformes e insignias; y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Carmela Toro Murillo, de 34 años, y Ninny Jhoana Rentería Rueda, de 33, serán sentenciadas por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.