MIGUEL ORLANDO ALGUERO- JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

LA PATRIA presentó ayer el último informe de Planeación Nacional sobre el Índice de Desempeño Fiscal 2020, basados en su nueva metodología. Allí se confirmó que ningún municipio de Caldas es solvente ni sostenible y 5 no cumplen con Ley 617, que mide la eficiencia en el límite de gastos de funcionamiento. En esta segunda y última entrega presentamos el concepto del algunos alcaldes, analistas, el secretario de Hacienda y exsecretario de planeación.

A tener mejor recaudo ingresos

Jaime Alberto Valencia Ramos, secretario de Hacienda de Caldas:

Hay que entender que esta metodología es nueva y por ende, es necesario entender la variación y complejidad de estos nuevos indicadores que se incluyen en el estudio. Unido a ello, el 2020 fue un año difícil, donde todos los municipios reportaron caída de sus ingresos propios. En paralelo, las transferencias de la Nación no se redujeron sino que se mantuvieron, y en algunos casos incluso hubo más recursos del Sistema General de Participaciones. Esto, aunque fue positivo, se trata de un indicador que castiga fuertemente a los municipios, debido a que su dependencia es mayor y por ende, reportan mayor vulnerabilidad. Está asociado a lo que ocurrió con los entes departamentales, donde la calificación de riesgo fue a la baja, ante su dependencia de los ingresos de la Nación, propio de la coyuntura del 2020. Yo creo que los municipios de categoría sexta, quinta y cuarta tienen una tarea importante y es mejorar sus ingresos propios, a través de las actualizaciones catastrales, pues es indudable el fuerte rezago en materia predial. Algunos municipios tienen hasta 10 años de desactualización, lo que hace que recauden menos. Es decir, el viejo discurso de mejorar los ingresos propios sigue siendo una realidad, más aún ante la actual coyuntura".

Por la covid

Juan Pablo Ospina, alcalde de Salamina

Entre los puntos que se deben tener en cuenta está la crisis por la covid-19, que golpeó fuertemente a los municipios, ya que los comerciantes dejaron de pagar el impuesto de industria y comercio, debido a los cierres en la cuarentena y las restricciones por los toques de queda. Como quedaron cerrados, tuvieron menos ingresos para sus obligaciones tributarias. La caída tributaria también se vio reflejada en el predial y en el impuesto de vehículos. Muchas personas perdieron sus empleos y no hubo forma de pagar. El 2020 fue nuestro primer año en la Administración, recibimos una cartera bastante amplia y con esfuerzos pagamos $1.300 millones, recursos que no ejecutó el Municipio en el 2019, en cuentas por pagar y acreencias fueron gastos ostensibles. Todavía hay cuentas por saldar que suman $400 millones. La Secretaría de Planeación nos dio un reconocimiento al ser el quinto municipio con mejor desempeño fiscal.

A mejorar los ingresos

Diego Fernando González, alcalde de Aguadas

Aguadas subió en el ránking, ahora somos los segundos en el departamento. La tarea es implementar estrategias que suban los ingresos propios del Municipio y hacer inversiones, que no se vaya la totalidad en gastos de funcionamiento de la Administración central, sino que se vean en proyectos y obras. En el 2020 se actualizó el Estatuto Tributaria Municipal, con eso logramos que los ingresos fueran superiores. A corte del 30 de agosto tenemos una sobreejecución de $400 millones, teniendo en cuenta lo que presupuestamos a 31 de diciembre, llegaremos con mayores ingresos. El DNP también mira el endeudamiento que es una variable que influye en el desempeño fiscal, frente a esto, hemos solicitados ante el Concejo algunos empréstitos, pero comparado con la Administración pasada estamos por debajo. Como recomendación a los demás municipios: hay que revisar los impuestos municipales, racionalizar el gasto de funcionamiento para liberar recursos que se destinen a la inversión, con esos seremos mejor calificados.

Más responsabilidades

Cristian Camilo Alzate, alcalde de San José

El tema es complicado, porque cada vez que el Gobierno nacional expide decretos o se aprueban leyes, quienes asumen las responsabilidades presupuestales y fiscales son los municipios. A pesar de que San José es un municipio pequeño, en la parte fiscal y financiera logramos el tercer puesto, según la Secretaría de Planeación de Caldas. La pandemia afectó mucho, pero pudimos salvar el recaudo con planes de pago, descuentos y condonaciones de los intereses de mora, y eso nos permitió tener un recaudo saludable. Íbamos a hacer unas inversiones, pero se destinaron para atender la pandemia. Otro problema es la dependencia de los recursos del Gobierno Nacional, y se le han cargado más responsabilidades a los municipios con los mismos recursos, hecho que también afecta su situación fiscal.

Crisis, pandemia y transferencias

Juan Felipe Jaramillo Salazar, exsecretario de Planeación departamental de Caldas y actual secretario de Manizales de Tic y Competitividad

Parte de la situación que se debe tener en cuenta es que se presentaron una serie de problemas coyunturales y estructurales que frenaron el desempeño de los municipios. Entre esos aspectos se debe tener en cuenta que el 2020 fue un año complejo, debido que al principio los municipios se enfocaron en realizar planes de Desarrollo, lo que ralentizó la contratación y se toman decisiones de gasto en el primer semestre, frenando indicadores. A esto se le sumó la crisis económica proveniente de la covid-19. "Eso nos generó una mala pasada, porque se generó un mayor efecto en los municipios, aplazando las decisiones de inversión y de gasto".

El exsecretario de Planeación recordó la alta dependencia de las transferencias, de los recursos que manda el Gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones (SGP). El caso es que dichos recursos son gastos de destinación específica, por lo que su capacidad para financiar otras cosas es mínima, queja que han planteado algunos economistas con respecto a que el gasto público termina siendo inflexible.

También lamentó la dificultad para cumplir con sus proyectos de inversión, problema que se pudo aumentar con la pandemia, pese a que muchos lograron mejorar su capacidad de recaudo. Para Jaramillo Salazar, esto demuestra la debilidad estructural que se carga por muchos años, donde se depende de las transferencias, no se tiene real capacidad de ahorros, y donde el gasto no se ha dirigido hacia mayores inversiones que le den mejor capacidad de inversión a los municipios en bienes y servicios públicos

Por esta razón, el secretario insistió en la necesidad de actualizar sistemas como el catastro, ya que este sería un mecanismo no solo para modernizar la medición sino mejorar sus ingresos. "Por eso, mientras no haya una verdadera reforma tributaria territorial, su situación no mejorará. El problema estructural es que a las entidades territoriales les han crecido sus compromisos de gastos, vía sentencias, fallos judiciales y normativas, como atención a las víctimas, derivado de los acuerdos de La Habana, mientras que sus fuentes de ingresos están desactualizadas y no existen nuevas opciones de recursos, diferentes a industria y comercio y predial".

La insolvencia no cae de un momento a otro

Carmenza Saldías Barreneche, economista y magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional

1. Una situación fiscal como la actual, casi generalizada en los municipios y la región, lleva a preguntarse si esta es reciente o desde cuándo se inició…, porque en la insolvencia y la insostenibilidad no se cae de un momento a otro. Si esto es cierto, la cuestión es: ¿no se hace seguimiento, ni se hace control sobre la evolución de la estructura y el comportamiento de las finanzas territoriales? ¿De qué sirven las evaluaciones constantes y múltiples de organismos de control y entidades sectoriales? ¿Acaso no se hacen compromisos de ajuste al manejo fiscal, o para qué se formulan los planes de mejoramiento y demás mecanismos que las normas establecen para crear, sostener, ajustar y potenciar las dinámicas fiscales? En últimas, conviene preguntarse cuál es la pertinencia, efectividad, eficacia, valor agregado, el rol y la responsabilidad, no solo de los municipios, directamente involucrados, sino del Departamento, de las entidades como DNP y Minhacienda; en especial, de la ciudadanía y los sectores productivos, quienes son los que padecen las carencias, problemas y cargas del mal manejo fiscal.

2. Estos resultados indican, además, que la descentralización y la autonomía territorial prácticamente no se han estrenado en la mayoría de los municipios, a lo que se suma que el margen del Departamento para ejercerlas, en términos de competencias y recursos, es muy reducido. De allí que la prevalencia de la Nación persista, después de 30 años de la Constitución de 1991, lo que fiscalmente equivale a depender, uno, de las transferencias para atender los gastos sociales básicos -salud, educación, saneamiento-, que son insuficientes; y dos, marginal y eventualmente, de algún recurso para inversión en otras demandas locales y territoriales. Esto pone a los municipios en situación de lobby permanente con los políticos relacionados con el Gobierno nacional, de manera que sus prioridades quedan supeditadas a la disponibilidad de recursos nacionales, ya bastante agotados, y al peso político de quien los gestiona. En ausencia de estos, la espera puede ser eterna. Justo es decir que, en este estado de cosas, el Gobierno nacional y el Congreso tienen la responsabilidad, por no haber tramitado hace años las reformas que redistribuirían competencias y recursos entre los niveles del Estado y actualizarían los códigos y reglas tributarias y presupuestales, para permitir un ejercicio certero y completo de las responsabilidades fiscales territoriales. Cabe preguntarse si el temor del centro nacional es que, con municipios autónomos y fiscalmente responsables, pierda el control, los réditos y deje sin vigencia el modelo clientelar.

3. Si no hay autonomía territorial, en particular fiscal, y no se ha avanzado en la conformación de la bolsa común, es probable que también estén debilitadas la solidaridad y la cohesión social, lo que puede significar no tener un proyecto colectivo para orientar su acción al corto, mediano y largo plazo, y si una sociedad no se hace dueña de su destino, tampoco tendrá cómo avanzar en la modernidad económica, que no solo se ocupa de crear riqueza, sino también de favorecer las condiciones para la equidad y la redistribución, a partir de un ejercicio suficiente de las competencias como Estado y gobierno territorial. La creación de un circulo virtuoso de bienestar y crecimiento está críticamente asociada a la capacidad del gobierno local para identificar, participar y recaudar las rentas que generan las dinámicas socioeconómicas de sus territorios. A partir de estas, la mejor respuesta de presencia institucional e inversión efectiva pueden legitimar la acción publica que, en la medida en que genera resultados concretos y visibles, podrá aspirar a la confianza y disposición de los agentes políticos y la ciudadanía, para fortalecer la tributación como propósito central y base de la solvencia y la sostenibilidad.

4. Conviene hacer una profunda reflexión a nivel territorial para revisar y aprender las lecciones de buena parte del siglo XX, en particular, del modelo de desarrollo basado en el café, que favoreció la configuración de una sociedad y una economía territorial estructuralmente articuladas a las dinámicas rurales y urbanas, y que ayudo no solo para financiar la dotación territorial de infraestructuras y equipamientos de más amplia cobertura y mejor calidad que ha conocido el país, sino además para aportar excedentes al país que le dieron al Departamento y la región un rol predominante en las decisiones fiscales generales. Pero, sobre todo, para aceptar que este modelo se agotó, también será conveniente entender los por qué, y pasar a diseñar una nueva propuesta de desarrollo territorial que atienda las nuevas condiciones globales y nacionales, las realidades de las crisis sanitaria y climática, y las demandas y derechos que deben ser atendidas con prioridad para evitar que la precariedad e indolencia estatal se transformen en una crisis social y humanitaria de consecuencias generacionales.