Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA | Manizales
El asunto toca el bolsillo de miles de familias y también las arcas de los gobiernos. Por eso, en las protestas en las calles y en la agenda de los gobernantes ha estado por años la financiación de las universidades públicas de Colombia, que incluye la gratuidad dirigida a los estudiantes más vulnerables.
El Gobierno nacional firmó el martes el Decreto mediante el cual se reglamenta la política de Gratuidad en la matrícula de Instituciones de Educación Superior públicas. Este decreto forma parte de la Ley de Inversión Social, aprobada por el Congreso el 14 de septiembre.
¿Qué tantos alivios y estímulos y cuáles alcances tienen estas normas a futuro?. El presidente, Iván Duque, lo cataloga como un hito en la educación del país.
Sobre el tema, LA PATRIA habló con Paula Andrea Chica Cortés, vicerrectora Administrativa de la Universidad de Caldas e integrante de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y asesora del Comité Ejecutivo del Sistema Universitario Estatal (SUE):
¿Qué ha hecho el Sistema Universitario Estatal (SUE) por ayudar desde lo social y lo económico a los estudiantes de las U. públicas?
Las universidades del SUE se han esforzado en mantener y fortalecer programas de apoyo socioeconómico a los estudiantes con mayor grado de vulnerabilidad, a través de alivios complementarios de matrículas y programas de asistencia socioeconómica y psicosocial desde sus áreas de bienestar.
¿Cómo impacta la reglamentación de la Ley de Inversión Social, aprobada por decreto el martes?
Si bien concreta los lineamientos para la materialización de la política de gratuidad para estudiantes de pregrado con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica a partir del 2022, supone una probabilidad de afectación adversa en la dinámica de crecimiento de la cobertura de matrícula, que se traduce en condiciones posiblemente limitadas de mayor acceso de las poblaciones vulnerables a la educación superior pública, así como en la compensación financiera de la matrícula a las universidades, de tal suerte, que se logre preservar la continuidad de las destinaciones de este ingreso en el gasto y en la inversión de las instituciones. Por ejemplo, el 94,2% de la población estudiantil de pregrado de la Universidad de Caldas pertenece a los estratos 1, 2 y 3, actuales y futuros beneficiarios de esta Ley y su reglamento, lo que denota un interés superior para la institución frente a este y otros efectos de la reglamentación.
¿En la práctica cómo operará ese decreto?
El Gobierno nacional determina que cada año informará a las Instituciones de Educación Superior sobre el cupo máximo de estudiantes por beneficiar y el incremento máximo del valor de la matrícula que será financiada, lo cual plantea un margen de incertidumbre sobre la posibilidad de continuar realizando esfuerzos institucionales por el mayor acceso a nuevos estudiantes en condiciones de vulnerabilidad a la educación superior pública.
¿Es decir, que las U. quedan a la espera de poder ampliar aportes?
Confiamos que dicha reglamentación atienda de manera adecuada tanto las intencionalidades de la política, como los intereses de las instituciones de educación superior en torno a su misión de ampliar la cobertura de la matrícula pública de alta calidad, su equilibrio presupuestal y su capacidad financiera para fortalecer los programas de bienestar con efecto en la permanencia y el éxito estudiantil.
¿Entonces, cómo evitar la deserción y cómo garantizar acceso?
Para las U. del SUE, la gratuidad de la matrícula como estrategia para la mitigación de los riesgos de deserción estudiantil y de ampliación de posibilidades de acceso a la educación superior pública, debe ser una política pública que se acompañe de la reforma a la Ley 30, particularmente, en sus artículos 86 y 87, por tratarse, además, de uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las plataformas estudiantiles y profesorales, al final del 2018.
¿Entonces, qué viene para Caldas en matrículas en las U. públicas y familias más vulnerables?
Viene para el 2022 gratuidad en la matrícula de los estudiantes de pregrado de las familias socio-económicamente más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 y a partir del 2023, de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización que haga sus veces, según la reglamentación que ha expedido el Gobierno Nacional en el Decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021. Estos recursos serán reconocidos a través de la estrategia de Generación E, programas de acceso y permanencia a la educación superior pública del Gobierno Nacional y el Fondo Solidario para la Educación.
¿Cómo será en el caso de la U. de Caldas?
La Universidad mantendrá la cobertura de exoneraciones y descuentos institucionales a la matrícula, que, por esfuerzo propio de la U., históricamente se han venido aplicando y que benefician a otras franjas poblacionales no consideradas en la política pública de gratuidad de la matrícula del Gobierno nacional. Además, la U. continuará fortaleciendo los programas de apoyo socioeconómico y otros programas institucionales enfocados al acompañamiento y apoyo a los estudiantes con alto grado de vulnerabilidad social y económica y riesgo de deserción. Como Administración, estamos trabajando actualmente en el fortalecimiento de programas socioeconómicos y de bienestar estudiantil para la motivación del retorno gradual a la presencialidad en 2023.
¿Qué otras prioridades deberían apoyarse más allá de la gratuidad?
Las universidades del SUE tenemos claro que la gratuidad en la matrícula, para algunas franjas poblacionales, es un avance sustancial y trascendental, pero no es la única medida que preservará y fortalecerá a la educación superior como bien público para las poblaciones que hoy no tienen la oportunidad en el acceso. La ampliación de los cupos financiación de la oferta - debería ser también una prioridad dentro de la política pública.
¿También se ha buscado que cambie el modelo de financiación de la educación superior pública?
Está desde 1992, con la Ley 30, toda vez que al final del 2022 perderán vigencia los compromisos del Gobierno nacional suscritos con las plataformas estudiantiles y profesorales en 2018, que, si bien es cierto, han significado un alivio significativo para las universidades al reducir el desfinanciamiento histórico y las brechas de calidad entre las instituciones, no resuelven de fondo la causa del desfinanciamiento estructural del Sistema, que se explica en que la Ley 30 de 1992 estableció que a partir de 1993 el aporte de la Nación a las universidades se actualizaría anualmente con el IPC y este aporte no se ajusta a la realidad del modelo de crecimiento presupuestal de las Universidades, pues sus gastos aumentan en promedio un 9% anual, lo que corresponde a un desajuste promedio de 5 puntos porcentuales por encima del IPC.
¿O sea, que las cosas se complicarán de nuevo desde el 2023?
Según cifras del SUE, con corte al 2018, las universidades, con recursos propios, hemos financiado cerca de $17,2 billones y si bien, el Sistema recibirá cerca de $4,6 billones al cierre de 2022 como consecuencia de los compromisos del Gobierno, a partir del 2023 retornará la operación del modelo que ha desfinanciado históricamente a la universidad pública y le ha restado capacidad de crecer en cobertura y alta calidad como parte de sus funciones sustanciales.
¿Qué podría evitar esta situación?
Que se promueva e impulse la aprobación del Congreso del nuevo Modelo de Financiación y el Proyecto de Ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que técnicamente ha construido y avalado el SUE y que se constituye en punto de partida para que otras iniciativas existentes se integren, articulen y lo complementen como política de estado para el fortalecimiento y sostenibilidad de las universidades públicas colombianas.
¿Cómo operó la matrícula hasta este final del 2021 y cómo será para el 2022?
Al cierre del segundo periodo 2021 la Universidad cuenta con 12.510 estudiantes de pregrado. El 94,2% de esta población estudiantil pertenece a estratos 1, 2 y 3, lo que denota que la Universidad de Caldas acoge mayoritariamente a las poblaciones con alto riesgo de vulnerabilidad socioeconómica. En consideración a lo anterior y en concordancia con su naturaleza pública, la Universidad de Caldas desde antes de la emergencia sanitaria viene aplicando y fortaleciendo una política de matrículas orientada a reconocer la situación socioeconómica de las familias y acudientes de sus estudiantes, integrando en la definición de la tarifa, las variables pertinentes para una reconocimiento diferencial y acorde a la capacidad de pago de éstos; pero además aplicando exoneraciones y descuentos de matrícula, cuya fuente de financiación ha sido exclusivamente la gestión propia de la Universidad.
- Dentro de estos alivios se tiene que, al mismo corte, el 52% de la población estudiantil de pregrado regular se encuentra exonerada de pagar la totalidad de su matrícula neta y se entregan ordinariamente descuentos por valor anual aproximado a $2.367 millones que equivalen al 35% aproximadamente del recaudo de matrícula de la Universidad de Caldas. Estas exoneraciones y descuentos han existido en la historia de la Universidad y seguirán estando vigentes, aún con la reciente puesta en vigencia de alivios complementarios de matrícula financiados por el Gobierno.
- Para el primer y segundo semestre del 2020, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, acudió al llamado del Sistema Universitario Estatal (SUE) para coordinar acciones tendientes a disminuir los inminentes riesgos de deserción estudiantil, como consecuencia de los efectos sobrevinientes de la emergencia sanitaria, lo cual se materializó en la creación del Fondo Solidario para la Educación, mediante
Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 para el alivio a la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 de las Instituciones de Educación Superior púbicas. En consecuencia, se asignaron de manera extraordinaria recursos para la Universidad de Caldas por $863 millones aproximadamente, a los cuales se sumaron recursos gestionados por la Universidad por $1.450 millones aproximadamente como parte de la cooperación de algunos Municipios, de la Gobernación de Caldas y de la Fundación Proeducación y de $3.601 millones que aportó la Universidad de Caldas de sus recursos propios para otorgar un descuento del 100% de la matricula neta a todos los estudiantes de programas de pregrado de la Universidad durante ese año.
- Para el primer semestre del año 2021 la aplicación del Decreto Legislativo 662 de 2020 le permitió a la Universidad de Caldas recibir de manera extraordinaria $1.153 millones aproximadamente orientados a aliviar el pago de la matrícula neta de estudiantes de pregrado de estratos 1 y 2, total o parcialmente hasta agotar el monto asignado. Al sumarse recursos propios de la Universidad de Caldas por $2.085 millones, se logró que los alivios se aplicaran con un 100% de descuento en estratos 1 y 2 y que los estratos 3, 4, 5 y 6 se beneficiaran con descuentos en su matrícula neta del 70%, 40%, 30% y 20% respectivamente.
Para el segundo semestre del 2021, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del “Programa de Matrícula Cero”, a través del cual se dieron lineamientos a las Universidades para la aplicación de alivios del 100% de la matrícula neta a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, programa que se ha complementado al denominado Generación E, para avanzar en una estrategia de gratuidad. A la fecha, se han beneficiado de esta medida 4.925 estudiantes de programas de pregrado de la Universidad de Caldas, incluyendo 1.779 beneficiarios de Generación E, con descuentos de matrícula equivalentes a $3.205 millones ($2.955 millones correspondiente solo a Fondo Solidario Matrícula, el restante a Generación E), monto que será girado a la Universidad de Caldas por parte del MEN, a través del ICETEX como compensación a los descuentos ya aplicados a los estudiantes.
- El pasado 14 de septiembre, fue expedida la Ley 2155 de 2021, de Inversión Social, la cual se constituye en la política pública que pretende implementar la gratuidad para los estudiantes de menores recursos en las Instituciones de Educación Superior públicas del
país. Este Decreto acaba de ser reglamentado a través del Decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, proceso que fue objeto de especial observación por parte de los Vicerrectores Administrativos del SUE, por tratarse de una propuesta que incide en los regímenes autónomos de matrículas de las Universidades, toda vez que no se encuentra armonizada en algunos de sus aspectos fundamentales, como es la financiación de la política sujeta a un número determinado de cupos, que podría conducir a limitar el crecimiento y estabilidad financiera de las universidades y del Sistema Universitario, el reconocimiento de los incrementos de matrícula sin un criterio concordante con las disposiciones que cada Universidad tenga establecidas para tal efecto, poniendo en riesgo el equilibrio presupuestal para la operación de los programas, entre otros aspectos.
Como se señaló anteriormente, no obstante, la puesta en vigencia de la Ley de Inversión Social y del Decreto que reglamente la gratuidad para los estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, la Universidad de Caldas continuará aplicando su normativa de matrículas, garantizando que los estudiantes que históricamente se han beneficiado de exoneraciones y descuento, continúen cubiertos.
Así pues, se espera que para el año 2022, el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios para financiar el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las familias socio - económicamente más vulnerables (estratos 1, 2 y 3).
- Finalmente señalar que los estudiantes de programas de posgrado de la Universidad de Caldas también se han beneficiado con alivios a través del esfuerzo propio de la Universidad, otorgando descuentos del 10% del valor de su matrícula. La continuidad de estos alivios estará asociada al análisis del comportamiento de la economía nacional y a la capacidad de los fondos de facultad y del nivel central para financiarlos.
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