Mamalú (La Dorada) es tierra arrasada

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En varias ocasiones las medidas judiciales habían protegido a la familia de Luis Carlos Quiceno, de la demolición de unas cabañas. El 26 de agosto, llegaron unos 300 funcionarios, la mayoría policías, para ejecutar la orden administrativa en el proyecto turístico comunitario Mamalú, en la vereda La Habana, en La Dorada.

El ejemplo de resistencia pacífica de Quiceno y su familia no alcanzó para contener el apremio con el que se llevó a cabo la diligencia, derivada de una decisión, al parecer sin firmeza, del Juzgado Tercero Administrativo.

El entramado de actuaciones contra los poseedores legítimos abarca hasta el momento a varios despachos judiciales, dos inspecciones de Policía, la Personería de La Dorada, la alcaldía y otro particular.

Secuencia de hechos

La maraña de situaciones empezó en el 2016 cuando un particular fraccionó una propiedad rural para dar el predio, donde se ubica el proyecto turístico, en pago por deuda de impuestos al municipio de La Dorada.

En el 2018 llamaron a Quiceno para que se presentara ante la Inspección de Policía de Buenavista, pues debía responder por una supuesta perturbación a la propiedad. Sin embargo, al final el proceso administrativo lo giraron hacia una presunta construcción ilegal.

La familia habita el predio referido desde 1948, lo que le da un derecho de poseedora legítima. El abogado Alejandro Franco Castaño, en representación del afectado redactó un extenso memorial en abril de este año e interpuso unas acciones judiciales entre las que alegaba la violación del debido proceso.

El efecto en ese momento fue la suspensión de la medida de demolición. De igual manera, recusó a la inspectora de Policía, Andrea Cristina Ortega, quien el 18 de agosto presentó un impedimento.

El 20 de agosto el alcalde encargado de La Dorada, Fabio de Jesús Moncada, designó al inspector Zona Centro, Fáber Alberto Vallejo, a quien le remitieron el expediente de todas las actuaciones surtidas en los últimos tres años.

El 25 de agosto Luis Carlos Quiceno se dio cuenta de que al día siguiente se haría efectiva la orden policial. El abogado Franco Castaño solicitó aplazamiento por imposibilidad de estar en la diligencia, pero le respondieron que no era necesaria su presencia.

El 26 se dio el operativo. El profesional del derecho se quejó porque el inspector designado no avocó conocimiento en debida forma, sin estudiar el proceso y se solo se ciñó a la fecha fijada por la recusada inspectora para realizar la demolición.

“Aquí se le dio prelación a lo operativo sobre lo jurídico. Lo normal es que él avocara conocimiento y como estaba asumiendo el proceso debía que reprogramar la fecha”, anotó Franco Castaño.

Así quedaron las cabañas.

El operativo

En varios videos se escucha a funcionarios señalar que allí se estaba realizando un desalojo, lo que implicaría un desconocimiento del expediente, pues se trataba de una demolición.

Quiceno, en diálogo con este medio, confirmó que le insistieron en que debía desalojar, pero él siguió con su resistencia pacífica, la que le caracteriza y que él define como acto de amor. “Al llegar la noche fui a pescar, nos alimentamos, lloré mucho desde mi río La Miel, con el corazón en mi mano, con la paz de mi vida y con la luz que siempre me alumbra y me ilumina”.

Luis Carlos continúa habitando el predio. La ley lo ampara como un defensor de la posesión. Sin embargo, también debe enfrentar una sanción económica que le impuso la inspectora de Policía por $150 millones. Contra esta medida también hay recursos judiciales antes de que quede en firme.

Tutela ante el Tribunal

La pelea jurídica está lejos de finalizar. Franco Castaño indicó que antes de que se realizara el despliegue de fuerza para la diligencia en Mamalú insistió en que se debía suspender porque había una tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo que habría negado la suspensión de las medidas policivas.

El profesional del derecho recalcó que dio a conocer esa circunstancia, pero no fue atendido. En este sentido el Tribunal le dio la razón el jueves y afirmó que la decisión del juzgado no estaba en firme. “Equivale a decir que no se podían realizar esas demoliciones”, enfatizó.

Ante la decisión del Tribunal, la consecuencia de haber materializado la demolición redundaría ahora en denuncias penales y demandas de reparación cuantiosas.

En proceso de pertenencia

En la actualidad cursa ante un juzgado civil una demanda de pertenencia, con la que se busca el reconocimiento pleno del derecho de dominio de Luis Carlos Quiceno y su familia.

Así eran las cabañas de Mamalú.