El desabastecimiento de agua hace 10 años en Manizales llevó a investigaciones y multas

LA PATRIA | MANIZALES

Por los dos eventos en que Manizales estuvo sin agua entre octubre y diciembre del 2011, durante 30 días, organismos de control abrieron investigaciones contra Aguas de Manizales y su gerente para ese entonces, Álvaro Andrés Franco Valencia, y el alcalde de la época, Juan Manuel Llano Uribe.

Estuvieron a cargo de ellas la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación debido a que no hubo un plan de contingencia para evitar que la ciudadanía tuviera que enfrentar primero 17 días sin servicio en toda la ciudad, entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre, y luego 13 días más, en buena parte de la capital, del 6 al 18 de diciembre, porque dos avalanchas se llevaron las únicas tuberías que suministraban agua.

Cifras

Esta emergencia sanitaria le costó a Aguas cerca de $8 mil millones, incluyendo el suministro de agua a la ciudad, obras iniciales y actividades logísticas, según créditos asumidos ese 2011. Las aseguradoras le reconocieron los daños en los viaductos que soportaban las tuberías y el lucro cesante por la no prestación del servicio (unos $5.500 millones), es decir que tuvo que desembolsar unos $2.500 millones.

Pero el valor del Plan de Contingencia, que diseñó la siguiente alcaldía, la de Jorge Eduardo Rojas Giraldo (2012-2015), llegó a unos $200 mil millones para reducir el riesgo en el sistema de acueducto.

Esta semana, que se están cumpliendo 10 años de esta emergencia, LA PATRIA presenta un resumen de las investigaciones y en qué finalizaron o van.

1. Sanción de la Súper

La Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación contra Aguas de Manizales en noviembre del 2011, y casi un año después, en el 2012, sancionó a la empresa con el pago de $1.100 millones, la más alta que imponía a una empresa de servicios públicos del país.

Aunque Aguas alegó que fue un asunto de fuerza mayor, la Súper concluyó que sí era previsible y resistible el riesgo en la planta Luis Prieto Gómez, que se vio afectada, y que Aguas pudo, con un mínimo de eficiencia, establecer mecanismos de prevención y mitigación de los riesgos para impedir el desabastecimiento en tres oportunidades (los dos mencionados y cerca de 5 días que estuvieron sin agua algunos sectores por la tragedia del barrio Cervantes el 5 de noviembre en la que murieron 48 personas).

La Superintendencia encontró también que Aguas no tenía un sistema eficiente para atender y responder las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos; considerado falta grave.

Aguas de Manizales indicó ayer que canceló la multa de los $1.100 millones, pero que demandó a la Superintendencia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se encuentra en el Consejo de Estado para su fallo.

2. Investigación de la Contraloría

En una auditoría que hizo la Contraloría Municipal a Aguas de Manizales y al Municipio halló que los principios de eficiencia, economía y eficacia no acompañaron la gestión en la rehabilitación oportuna de la planta Niza y en la preservación de los entornos de la planta Luis Prieto.

Argumentó que el Municipio no hizo las inversiones que por ley debía hacer, del 1% de los ingresos corrientes en comprar predios para preservar las fuentes hídricas y sus entornos. También determinó carencia de una valoración integral del riesgo, al depender por tiempo prolongado de una sola planta.

Determinó presunto daño patrimonial avaluado en $2 mil 800 millones, que representaban inicialmente reparar las tuberías de 28 y 30 pulgadas y una parte de la Luis Prieto, y encontró que Aguas incurrió en una gestión fiscal antieconómica para atender de forma expedita la planta Niza.

Por estos hallazgos administrativos, uno con posible alcance fiscal y disciplinario, el organismo abrió indagación preliminar para establecer presuntos daños y responsables. El proceso fue trasladado a la Contraloría General de la República en Bogotá para continuar con un control excepcional, pues se estimaba un presunto detrimento patrimonial tasado en $3 mil 278 millones.

Sin embargo, según Aguas, esta indagación culminó con cierre y cesación de la acción fiscal.

3. Investigación de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra el exgerente Álvaro Andrés Franco Valencia y el exalcalde Juan Manuel Llano Uribe. Al año siguiente, la Procuraduría abrió una indagación preliminar a la que llamó, ya en diciembre, a Llano, a miembros de la Junta Directiva y a trabajadores de Aguas, entre ellos al gerente Franco a rendir versión, y de esto inició una investigación disciplinaria. Dos años después formuló pliego de cargos contra Franco, pero culminó con cierre y cesación de la acción, informó ayer Aguas de Manizales.