LA PATRIA| MANIZALES

Cuatro abogados, en representación de cinco procesados, ya expusieron ante el juez 55 de control de garantías de Bogotá, con el fin de oponerse a la solicitud de la Fiscalía y el Ministerio Público de enviar a la cárcel a sus defendidos, en desarrollo del caso denominado Las Marionetas, donde el ente acusador involucra al reelecto senador caldense Mario Castaño.

Ellos han explicado por qué sus clientes no deben ir a detención intramural, petición que consideran desmedida.

Las audiencias se han desarrollado de 3:00 a 6:00 de la tarde, pues el juez fue designado como clavero luego de las elecciones. Eso quiere decir que esta audiencia podría tarde más días. Ya lleva 9. Hoy siguen.

En defensa de Daniela

Billy Torres, abogado de la psicóloga manizaleña Daniela Ospina, expuso lo siguiente para solicitar que su defendida no vaya a la cárcel, petición que catalogó de desmedida. Apostó por una domiciliaria e indicó que ella responde por la familia, sobre todo su padre.

• *"Daniela no pactó ni pagó porcentajes, no hay pruebas documentales de que ofreciera dádivas a funcionarios adoctrinados. No se trasladó ninguna prueba de eso".
• *"No recibió dineros de contratistas. Su único contacto con el senador es por ser su compañera sentimental".
• "No hay registros en bancos de giros. El sábado se obtuvieron respuestas de entidades financieras y no muestran nada de eso".
• *"Son acusaciones apresuradas con las que querían incidir en las elecciones".
• *"El día de la captura, Daniela no huía (foto). Estaba despachando una encomienda para su hermana en Manizales, por Expreso Bolivariano. Eran unas gotas para perro, que valen $9 mil, y no se conseguían allá. No estaba escapando, como dijo la Fiscalía. Incluso, en diciembre estuvo en Panamá. Se podría haber quedado por allá". El abogado mostró el soporte de la encomienda.
• *"Del periodo de interceptación se hace relación de 68 llamadas (55 entrantes y 13 salientes). Solo 10 guardan relación con los hechos y no demuestran que haga parte de una banda".
• *Sobre el contrato de $20 millones donde la supuesta víctima es el Senado, no se demostró el delito de estafa". El abogado enseñó un certificado del año pasado y otro del 2022, firmado por Rubén Darío Iregui, de la oficina de recursos humanos, donde se asegura que ella cumplió con este y entregó los soportes de cumplimiento. "No hay víctima, no hay engaño, ni estafa".

Comparte la domiciliaria

Leimar Mosquera, abogado de Claudia Marcela Castaño Morales, quien preacordó pena, acompañó la solicitud de domiciliaria para su cliente, que planteó la Fiscalía la semana pasada. Recordó que la condena estaría entre 16 y 54 meses. Sería enviada, en caso de que el juez lo avale, a la vereda La Palma, de Manizales.

"No hay sujeto activo cualificado"

Dayron Robledo, abogado de Jeiler Javier Sánchez y Harvis Arturo Rentería, ambos de Chocó, intervino ayer y dijo que no todos los servidores públicos pueden ser autores de interés indebido en la celebración de contratos.

Expresó que la Fiscalía falló en la tipificación de la conducta para sus protegidos. Insistió en que ellos no son servidores públicos. "No hay sujeto activo cualificado. El ente acusador nos mostró tres eventos, pero no se tomó la molestia de explicar cada uno para demostrar cómo se manipuló", anotó.

Explicó cómo se otorgaron esos contratos, pero manifestó que la Fiscalía no explicó dónde se dieron las posibles anomalías. "Los procesos fueron correctos, hubo uno declarado desierto. ¿A quién coptó el senador, a quién coptó Harvis, con quién habló Jeiler. El ente acusador solo se basó en lo que se escuchó en unas conversaciones, no lo corroboró. Tan amigos eran de Castaño, que no le aprobaron el proyecto de Sacúdete en Nuquí. No veo un grupo delincuencial, sino un grupo político y algunos solo se conocieron allá, donde están capturadas. Se afanaron a detenerlos porque debían hacerlo antes del 13 de marzo (elecciones)". Pidió domiciliaria para ellos.

Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables de los delitos que les endilgan.

Desde la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrió investigación penal y llamó a indagatoria al senador Mario Alberto Castaño por concierto para delinquir agravado. No hay avances aún en esto.

Juan Carlos Martínez sigue huyendo de la justicia. Alexánder Sánchez, apodado Pato, se entregó hace una semana y tiene un proceso aparte. Ayer lo mandaron a la cárcel.

José Díaz, defensor de Nova Lorena Cañón Reyes, pidió domiciliaria para su cliente.