LA PATRIA | MANIZALES
La Fiscalía seccional Caldas explicó que en el departamento hay 145 investigaciones relacionadas con conductas de minería ilegal, en las que figuran como indiciadas 596 personas.
La respuesta se la entregó el ente acusador a Gabriel Patiño Velásquez, coordinador del Punto de Atención Regional Manizales, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), tras un derecho de petición de este medio. La Fiscalía extrajo la información del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).
“En este momento no se puede indicar si todas estas personas son mineros o no, solo se sabe que están vinculadas como indiciados”, anotó el ente acusador.
Un informe de este medio expresó que en los últimos seis años 67 caldenses perdieron la vida en accidentes dentro de minas.
Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan con sus operativos contra la minería ilegal. Este año reportan 116 capturas en La Merced, Supía, Norcasia y Riosucio, entre otros.
A la vez, los organismos de socorro de poblaciones cercanas al río Cauca y otros afluentes siguen atentas a accidentes mineros. 36 han atendido en el 2020 bomberos de Marmato, Arauca (Palestina) y Anserma.
La Procuraduría ha manifestado que la minería ilegal imposibilita el desarrollo sostenible de la economía nacional y genera informalidad. Que la alta rentabilidad generada a bajo costos lleva a que se incentive la ilegalidad, sin contratos de trabajo, sin prestaciones, con subempleo y menos acceso de los adolescentes a la educación. En 151 municipios de 25 departamentos convergen actividades de minería ilegal.
La Unidad de Desarrollo Minero de Caldas explicó que el 6,54% del área del departamento cuenta con 367 títulos mineros inscritos en el Registro Minero Nacional. Es en 26 de los 27 municipios, a excepción de Marquetalia.
Añadió que la ANM estudia la viabilidad técnica de 56 solicitudes de legalización de minería y que los principales minerales explotados en Caldas son oro de filón, oro aluvial y materiales de construcción.
En Caldas, este año, se han ejecutado 20 operativos contra minería ilegal.
Rubén Darío Rotavista Vanegas, vicepresidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, rechazó los operativos de las autoridades e indicó que la solución no es criminalizar la actividad que ha sido ancestral y da sustento a miles de familias.
“Legalizar no es capturar y judicializar. Se deben proponer proyectos de ley que nos beneficien y ofrecer opciones de vida. Hay que generar una discusión prudente”.
Quien extraiga ilicítamente minerales a orillas de los ríos y cause graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente incurrirá en prisión de 32 a 144 meses.
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