David Jaramillo
LA PATRIA | Palma de Mallorca (España)
Cuando Morante de la Puebla, El Juli, El Fandi y José María Manzanares rompieron el paseíllo en el Coliseo Balear, durante la noche del viernes, la libertad ganó otra batalla.
El atropello en el que se convirtió la Ley de “Toros a la Balear” y que impidió la celebración de festejos taurinos la pasada temporada en todo el archipiélago mediterráneo, disfrazando la prohibición en una reglamentación que desdibujaba completamente el rito taurino, fue anulada casi por completo por el Tribunal Constitucional español, que valoró el recurso interpuesto por el Gobierno, ante las oportunas denuncias y el trabajo que callada y cumplidamente viene realizando el equipo jurídico de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), ente que, desde que se creó en 2015, ha sabido hacer valer el derecho, para que los distintos ataques que sufre la cultura taurina no salgan gratis.
Contexto
Ya queda lejos la impotencia de ver cerrada la Monumental de Barcelona, más por intereses políticos separatistas que por un verdadero interés por el bienestar de los animales, pues, aunque había leyes que protegían el espectáculo y lo regulaban en el nivel estatal, lo cierto es que no había una organización que aglutinara a todo el sector taurino y tuviera una voz fuerte y clara que defendiera los derechos de los aficionados. Hoy, varios años más tarde, la FTL ha llenado ese vacío y gracias a sus acciones, arbitrariedades como la de Palma de Mallorca han podido detenerse.
De hecho, cabe recordar que, en ese mismo fallo del Tribunal Constitucional, se ha ratificado la nulidad de la prohibición en Barcelona, puesto que solo el Estado tiene competencias en el asunto y ningún estamento local o regional puede contravenirlas, por lo tanto, es una cuestión de voluntad empresarial el que se vuelvan a dar toros en la Ciudad Condal.
Conjetura
Dicha Ley de “Toros a la Balear”, que solo tuvo vigencia un año, pretendía que los profesionales sólo pudieran usar capote y muleta, desapareciendo de la lidia implementos como las banderillas, estoques, puyas y puntillas. Además, establecía que en cada corrida solo se podían lidiar tres animales (nunca de menos de cuatro años, con lo que se eliminaban las novilladas) durante un tiempo máximo de diez minutos, tras los cuales volverían a los corrales y, de ahí, a sus ganaderías de origen. Y, entre otras ocurrencias, pretendía implantar un control antidoping para toros (sí, leyó bien) y toreros antes del festejo.
Por lo tanto, aunque aparentemente no prohibía los espectáculos directamente, sí que los desfiguraba por completo. Y es ahí, precisamente, donde radica la importancia del fallo del Tribunal, porque da un paso más y establece que, no solo no se puede prohibir la tauromaquia, sino que tampoco cabe regular los festejos taurinos de modo que los mismos no sean reconocibles en sus elementos básicos, puesto que se trata de un Patrimonio Cultural y el Estado está obligado a protegerlo.
Está claro que queda mucho trabajo por delante, puesto que los ataques y los intentos prohibicionistas no cesan a ambos lados del Atlántico (como en Colombia), pero son este tipo de pequeñas victorias legales que han creado una jurisprudencia que favorece claramente a la libertad y al toreo, y que lo fortalece para que hoy, más que nunca, esté prohibido prohibir.
Condena
Curiosamente, el viernes, también en Mallorca, el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de la capital balear condenó al Ayuntamiento de Binissalem, tras dictar un acuerdo en el que se declaraba municipio “antitaurino y contrario a las corridas de toros” y se comprometía a solicitar una nueva Ley de Protección Animal que “prohibiese cualquier espectáculo con toros”, decisión que fue recurrida oportunamente.
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